Corantioquia y Corpourabá, las dos corporaciones autónomas regionales (CAR) de Antioquia que resultaron “castigadas” por el presidente Gustavo Petro con la congelación de millonarios giros mientras que se resuelve si estos están contaminados en el escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (Ungrd), prácticamente habrían sido capturadas mediante ‘tomas hostiles’ por aliados del Gobierno Nacional.
La cercanía habría jugado a su favor para que en el último día en que estuvo en su cargo, el hoy cuestionado subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, le aprobara $96.500 millones a Corantioquia y $43.500 millones a Corpourabá, a sabiendas de que el monto disponible para este año en la línea de los Fondos de Inversión Colectiva de donde saldría esa plata es de $165.000 millones y eso quiere decir que solo dos de las 33 CAR del país acapararían la mayor parte.
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El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, señaló además que con esa movida le dejaron desfinanciada la Subdirección de Reducción del Riesgo y apuntó que quien dirigía esta dependencia era Alethia Arango, una ficha del exalcalde Daniel Quintero.
Una versión que investiga la Fiscalía es que los recursos habrían estado condicionados a que se los asignaran luego a unos municipios y unos contratistas específicos.
Otro hilo conductor que sería materia de indagación es la cercanía de la directora de Corantioquia, Liliana Taborda, con la representante María Eugenia Lopera, quien preside la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la célula encargada de discutir asuntos cruciales para el gobierno Petro, como las reformas de salud y pensiones. Esto, porque José Fernando Tobón, quien fue una ficha suya en la Ungrd y que hoy está en el Ministerio de Hacienda es uno de los que aprobó las resoluciones de los desembolsos que están en stand by.
Este lunes, el director de Corpourabá, Alexis Cuesta, solicitó a través de un comunicado la llegada del dinero, especificando cosas que quedaron en vilo, como los sistemas de monitoreo de riesgos, la limpieza del cauce del río León y del golfo de Urabá y obras para mitigar la erosión del litoral, entre otras.
También la directora de Corantioquia, Liliana Taborda, hizo lo propio y fue más allá al plantear que “de no tomarse acciones inmediatas con los recursos disponibles, conllevarían a agravar aún más la situación actual, máxime teniendo en cuenta la primera temporada de lluvias, que en los primeros días de mayo ha generado situaciones de riesgo”. Y a continuación citó las emergencias que se han presentado en municipios como Montebello, con la avalancha de la quebrada Zarcitos; Santa Bárbara, con daños en la bocatoma del acueducto veredal Liboriana; el desbordamiento de la quebrada La Clara y daños en vías por creciente de la quebrada La Miel, en Caldas; y los deslizamientos en vías en los municipios de Briceño, Betulia, Yarumal y Angostura.
Estos funcionarios que en la actualidad pasan un mal momento son señalados como cuotas del controvertido exsenador Julián Bedoya –el mismo del escándalo por el diploma de abogado presuntamente fraudulento– y del legislador conservador Carlos Andrés Trujillo, ambos aliados de la administración Petro. También en los dos casos, los votos del Gobierno nacional habrían sido esenciales a finales del año pasado para voltear las elecciones que tenían como favoritos a otros candidatos, con el fin de ungirlos a ellos.
Taborda le negó a este periódico cualquier relación con el senador Trujillo, y de quien dijo no saber si tiene poder o no dentro del Ungrd; lo mismo de Julián Bedoya. Además, aseguró que en este momento tienen proyectos de solicitud de recursos en varias dependencias del gobierno Nacional por más de 600.000 millones de pesos.
“Somos de las pocas instituciones que pueden gestionar recursos. Mire, estos 96.000 millones son para prevención, ahora tenemos identificados 373 puntos críticos que reiterativamente tienen dificultades por amenazas, esto en alrededor de los 80 municipios de nuestra jurisdicción. Este es un tema costoso”. Hay que tener en cuenta que Taborda no es una aparecida en Corantioquia, pues lleva más de 18 años de trabajo en la entidad.
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Ahora bien, en este punto vale la pena que vamos por partes. Para comenzar, es importante recordar que Bedoya y Trujillo son aliados políticos y una fuente del ámbito político le contó a EL COLOMBIANO que el Gobierno le entregó las dos corporaciones a Bedoya como cuota de poder a cambio del apoyo electoral que le dio para llegar a la Casa de Nariño.
El guarismo final del 31 de octubre de 2023 dio como vencedora en Corantioquia a Liliana Tarborda, una administradora en salud-gestión sanitaria y ambiental (tiene también dos especializaciones) que llevaba más de 18 años ligada a Corantioquia, con siete apoyos (los del Ministerio de Medio Ambiente y el representante del jefe de Estado, uno del sector privado, los de los alcaldes de Cáceres y Heliconia, los de las comunidades afro e indígena). Otros cinco votos fueron para Yenny Marcela Ruiz y el representante de la Gobernación se abstuvo de votar.
En su momento, este periódico reseñó cómo 20 días antes, cuando se habían elegido los 13 miembros del consejo directivo de Corantioquia y por tanto se marcaba el devenir de quien fuera a dirigir la entidad, una alianza de Bedoya y Trujillo con el también senador Jhon Jairo Roldán habría dado al traste con los acuerdos que tenían 80 alcaldes para definir a sus tres representantes en el organismo rector.
A pesar de que se suponía que era un pacto sólido, tras muchas llamadas telefónicas y un encuentro en un hotel de Medellín, el “triunvirato” habría impuesto a los mandatarios de Heliconia y Cáceres, que serían de su cuerda, mientras que del anterior consenso solo quedó el alcalde de Santa Fe de Antioquia.
Vale la pena señalar que Corantioquia es la autoridad ambiental en el 64% de Antioquia y que su presupuesto se acerca a los $250.000 millones. En principio la esposa de Bedoya, María del Pilar Rodríguez, estaba planillada como jefa de comunicaciones de la entidad, pero el rechazo público al darse a conocer esto hizo que reversaran el nombramiento para dejarla solo como contratista.
Urabá, un caso con más bulla
En Urabá, Bedoya es uno de los mandamases y es un secreto a voces que valiéndose de su influencia política se tomó la corporación que maneja el tema ambiental. Sin embargo, allí hubo más bulla y suspicacias que en la región central del departamento.
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Tanto es así que a mediados de octubre de 2023 la Minambiente, Susana Muhamad, suspendió temporalmente el proceso meritocrático para nombrar director debido a las amenazas que llegaron contra los profesionales del Politécnico Jaime Isaza Cadavid que estaban encargados de facilitarlo. Luego se reinició y de 25 hojas de vida que se habían presentado quedaron seis candidatos con opción en otro filtro para al final pasar cuatro a la votación para suceder a la anterior directora, Vanessa Paredes.
Las cábalas señalaban a Teófilo Cuesta como favorito para captar los tres votos del Gobierno Nacional, por la rumorada cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez; no obstante, a los delegados de Bogotá los cambiaron a última hora y los nuevos votaron el 12 de diciembre pasado por Alexis Cuesta, por el cual también habrían ido los bananeros, los representantes de las negritudes e indígenas, más alcaldes de la zona que reconocen la paternidad política de Bedoya.
La elección fue demandada por el segundo en votación, Jhon Jairo Parra. El tercero fue Teófilo Cuesta.
El periódico Heraldo de Urabá, reseñó que Bedoya, poseería varias cuotas entre los subdirectores de Corpourabá y que ello se habría acordado en el llamado pacto de La Vaquita, un remoquete puesto a propósito del restaurante donde se habría hecho el encuentro con alcaldes de la región, a principios de enero de este año.
“El presidente hoy se quiere desligar de ese tema y manda a decir que esos dineros los congelen, pero claramente iban para corporaciones que controlan ellos”, apuntó una fuente.
Al ser consultada luego de su elección, Taborda aceptó que conoce a Bedoya así como a otros políticos de distintos partidos, pero que “aquí lo que tiene que primar es que soy una mujer técnica, capaz, empoderada, que ha hecho un ejercicio en lo público con pulcritud y cero temas de corrupción”.
Así mismo, esta semana le reiteró a EL COLOMBIANO que ni Bedoya ni el exalcalde Quintero tienen influencia en Corantioquia y que los contratos de la esposa del primero obedecen a sus calidades profesionales. Además, aseguró que en la gestión de los recursos que ahora se les esfuman no intervinieron congresistas ni políticos, solo los técnicos de la Ungrd y de su entidad.
Por su parte, la representante Lopera aceptó conocer a Taborda, de quien resaltó el carácter técnico, y negó tener cuotas en Corantioquia.
También intentamos hablar con Cuesta pero hasta el cierre de esta edición no había contestado.
