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Hay cierto tipo de delitos que en mala hora se ponen de “moda” y comienzan a volverse parte del paisaje: ocurren a los ojos de todos sin que, más allá de la queja, alguien tome cartas en el asunto. Lo más preocupante es que cuando la sociedad no se indigna, cuando la sanción social no opera, la ocurrencia del delito se multiplica y se va convirtiendo en parte de la vida cotidiana de la ciudad.
Eso estaba ocurriendo, lamentablemente, con la explotación sexual de menores de edad en Medellín. Llegamos de pronto a un punto en el cual muchos se quejaban –este periódico ha estado denunciando el abuso en los últimos años– pero no había ninguna consecuencia concreta. Durante la alcaldía de Daniel Quintero se vivió una cierta permisividad. Porque si bien impuso medidas como el toque de queda para menores de edad en zonas como el Parque Lleras la realidad es que el delito se siguió cometiendo.
Tal vez embriagados por las altas cifras de turistas no quisieron detenerse a ver el monstruo que estaba creciendo dentro: un turismo tóxico al que si no se le pone coto a tiempo puede terminar por envenenar a esta importante industria para Medellín y Antioquia.
Por eso, lo que viene ocurriendo luego del escándalo por la explotación sexual de dos niñas de 12 y 13 años en un hotel de El Poblado, si bien ha sido doloroso es también un punto de partida para empezar a resolver esta aberrante situación.
En primer lugar, el hotel Gotham, el lugar que tristemente hizo célebre el estadounidense Timothy Alan Livingston, señalado de abusar sexualmente de las dos menores de edad, afirmó en un comunicado que tomaba la decisión de cerrar sus puertas de forma definitiva “dados los recientes acontecimientos”. Hay que decir que si bien ya pendía sobre la residencia una orden de extinción de dominio, anunciada por la Alcaldía de Medellín, su proceso de ejecución podría tardarse un buen tiempo porque se tendría que determinar si, efectivamente el hotel había tomado o no las medidas necesarias para evitar en su interior la explotación sexual de menores.
En segundo lugar, el gobierno de Colombia ya pidió a Livingston en extradición y la Interpol expidió una circular azul para que sea detenido en cualquier país del mundo.
En tercer lugar, la Procuraduría inició la investigación en contra de 8 policías que directa e indirectamente habrían tenido que ver con dejar escapar al gringo.
Y cuarto, Federico Gutiérrez, quien desde cuando llegó a la Alcaldía ha hecho varios operativos en las zonas donde hay explotación sexual de menores, lanzó ayer en el aeropuerto una campaña para que quede claro que no son bien recibidos los que vienen con propósitos de pederastia a Medellín.
El caso del hotel pone de manifiesto una profunda reflexión sobre lo que se logra cuando hay una sanción social. Aquí fue más operante la crítica y la indignación ciudadana que cualquier medida policial o administrativa.
Pero además, llama la atención que el hotel dio muestras de estar en contra de estas terribles prácticas, al asegurar que habían participado en más de 70 reuniones destinadas a prevenir este delito, entre otras cosas. Sin embargo, lo que ocurrió es una alerta para todos los hoteles: no basta con tener la buena intención de evitar que se cometan este tipo de delitos, hay que hacer hasta lo imposible para que no ocurran.
La reflexión también debería girar alrededor de las causas que llevaron a esas niñas hasta los depravados brazos del estadounidense. Dónde estaban los controles para evitar que estuvieran en la calle violando no solo el toque de queda a menores de edad impuesto por la administración distrital, sino también, y aún más importante, dónde están las familias de ambas niñas, que son las primeras responsables de garantizarles la protección y el cuidado. Cómo es posible que estas niñas, aún estando bajo la protección del ICBF para el restablecimiento de sus derechos tras lo ocurrido en El Poblado, se hayan “volado” de los hogares de protección a los que fueron remitidas. Menos mal ya hallaron a una de ellas, pero la otra sigue sin paradero conocido. ¿Quién responde por eso?
No puede ser que llevemos más de dos décadas de trabajo como ciudad en mesas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y hoy, en lugar de disminuir los riesgos para los menores de edad, están más expuestos que nunca.
Parte de lo que ocurre con los turistas que vienen a satisfacer aquí sus placeres más perversos tiene una alta cuota de responsabilidad de la misma sociedad que ha sido permisiva con ese lastre que nos dejó la mafia: el dinero rápido, sin importar si por delante está la vida y dignidad de los niños y niñas y adolescentes de la ciudad.
A los depredadores sexuales hay que decirles ¡Ya no más! Las familias, los hoteles, los restaurantes, el gobierno de turno, la policía, todos unidos para contener esta horda de pedófilos, que piensan que aquí pueden hacer lo que en sus países de origen no se atreven. Hay que seguir indignándonos hasta el cansancio, para que esos turistas depravados sientan que aquí se les persigue, que no son bienvenidos.
Hay que seguir indignándonos para que cuando estos “Timothys” lleguen a la ciudad se sientan señalados y sepan que esta sociedad no va a tolerar más sus fechorías contra nuestros niños.