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El propio gobierno de Gustavo Petro se ha encargado de meterle tanto ruido a la reforma pensional que ahora ya no está tan claro que vaya a lograr salir adelante. Seguramente la aprobarán esta semana en el Congreso pero lleva dos o tres dudas a cuestas que, ahora o ante la Corte Constitucional, le pueden dañar el caminado.
Los congresistas no tienen dudas de que la aprobarán en su cuarto y último debate en plenaria de Cámara. Para ello están convocando a sesiones este lunes –¡citaron un día de fiesta a las 5 de la tarde!–, luego va a conciliación, y debe estar lista el 20 junio cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.
El Gobierno todavía no puede cantar victoria porque las cosas se están poniendo cuesta arriba. Empezando por el ‘Olmedogate’. El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) ha tendido un manto de duda sobre las decisiones del Congreso. No es sano para el país que quien fue director de la entidad confiese que dio $4.000 millones a los presidentes del Senado y la Cámara, para darle un empujón a las reformas, y todo siga como si nada hubiera pasado. ¿Qué validez pueden tener los debates liderados por estos presidentes supuestamente ‘comprados’?
La reforma tiene básicamente una cosa buena y otras tantas complicadas. La buena es que promete otorgar un subsidio de 223.000 pesos mensuales a cerca de tres millones de adultos mayores vulnerables.
Otra propuesta que en principio parece buena pero que al final puede no serlo tanto es la del tope de 2,3 salarios mínimos: es decir, todos los recursos de los cotizantes hasta ese monto obligatoriamente irán a Colpensiones y lo que esté por encima de ese tope irá a los fondos privados.
Lo bueno de este punto es que el Estado elimina parte de los absurdos subsidios que hoy se dan a quienes reciben grandes mesadas. Lo malo de esta propuesta es que al poner el tope en 2,3 salarios mínimos, el Estado mantiene un subsidio hasta este monto incluso para quienes reciban una megapensión. ¿Por qué no se focalizan esos subsidios solo para quienes de verdad los necesitan? De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha propuesto bajar a 1 salario mínimo el umbral.
El panorama se ha enredado más, en los últimos días, luego de que el Ministerio de Hacienda, finalmente, dio el aval fiscal al proyecto. Muy esperado e inexplicablemente demorado, en lugar de despejar las dudas parece darles la razón a quienes han dicho que con la reforma pensional puede ser peor el remedio que la enfermedad.
El Ministerio hizo dos cálculos, uno al año 2070, cuando recién se habrían agotado los recursos del Fondo de Ahorro para pagar pensiones, y otro al 2100. En cualquiera de los dos es más la plata que se va a necesitar del Presupuesto de la Nación para pagar el nuevo sistema.
De aquí a 2070, el costo fiscal sin reforma sería del 67% del PIB, mientras que con reforma sería del 72% del PIB. En plata blanca, si se aprueba la reforma, el Estado tendría que destinar $78 billones más en los próximos 45 años.
La situación se complica mucho más con los cálculos al 2100. Sin reforma, el pago de pensiones y beneficios económicos sería del 88% del PIB, mientras que con reforma llegaría a 121% del PIB. Es decir, la reforma requiere $500 billones más del erario público en los próximos 75 años.
Entre el 2070 y el 2100 se agrava la situación porque en 2067 se acaba la plata del Fondo de Ahorro, un mecanismo que se crea con la reforma para guardar reservas para pago de pensiones. Los congresistas deben estudiar con atención el hecho que solo el 22% de lo que se cotiza iría al Fondo de Ahorros. Es decir, menos de una cuarta parte se ahorraría para tener reservas para pagar mesadas y el resto se pondría a disposición de Colpensiones que podría utilizarlas para dar subsidios e incluso aumentarlos.
No es menor que los recursos del fondo se acaben en 2067: un joven que hoy tenga 24 años, cuando se jubile, cuando cumpla 67, ya el Estado no tendrá plata en reserva para pagar su mesada.
El Gobierno resuelve el tema de esa bomba pensional con una frase de Perogrullo: dice que será necesario tramitar a futuro una nueva reforma. ¿Pero por qué no propuso de una vez una que signifique un verdadero cambio? Que permita que sea sostenible el sistema, por ejemplo, aumentando la edad de pensión, que hoy está en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, y es uno de los umbrales más bajos del mundo.
Y finalmente, un punto que puede resultar crítico es la fecha a partir de la cual entrará a regir el proyecto, porque si bien hasta ahora está previsto que empiece a operar en julio de 2025, otros están proponiendo que entre a regir en 2027 para darle tiempo a Colpensiones de prepararse.
La Procuraduría le advirtió al Gobierno que Colpensiones, que hoy tiene 6 millones de afiliados, no está lista para recibir de un día para otro 19 millones más. El ente de control dice que el ajuste tecnológico, la elaboración de contratos, tener el presupuesto adecuado y cumplir periodos de prueba, hacen imposible su aplicación en apenas un año. La misma Procuraduría sugiere que, para poder hacer bien la transición, se aplique de manera progresiva a partir de 2026.
Y es que no es un simple traspaso mecánico de funciones y de recursos sino que, de no hacerse bien, se podrían vulnerar los derechos de los afiliados.
En el fondo, tal vez, quieren evitar suspicacias de que el gobierno de turno pueda querer usar recursos de pensiones en época electoral.