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Tomó siete años, pero todo indica que el tema de las plataformas de movilidad como Uber y similares será discutido en el Congreso. El proyecto de ley 003 de 2020, acumulado con el 174, 185, 199, 242, y 406, entró por fin a legislativa y se apresta, por tanto, a tener su primer debate.
No es algo menor, el manejo del tema Uber se ha movido entre la falta de decisión del Estado y la ausencia de flexibilidad de las partes. Cuando muchos esperábamos avances, hubo marcados retrocesos, como cuando se trató de ‘ilegal’, con todas sus letras, a una app en un país en el que las autoridades no cesan de alabar las virtudes de la economía naranja.
En el pasado he expresado mi posición en este asunto, que de nuevo, no es permitir que Uber haga lo que se le dé la gana.Pero pretender ilegalizar las apps de movilidad para proteger a los taxistas es como si en su momento hubiéramos propuesto ilegalizar la cámaras digitales para que no se quebrara Foto Japón.
El tema se ha extendido más allá de lo admisible. En octubre de 2020 se cumplieron siete años de la llegada al país de Uber. En esos siete años, el Estado tuvo la oportunidad de entender el modelo de transporte mediado por plataforma... y regularlo. No lo hizo, y mientras nada pasó en donde debía pasar, en la calle surgieron múltiples competidores que funcionan bajo el mismo concepto y la propia Uber se permitió diversificar con modalidades compartidas, de carga y hasta una de domicilios, que ya no está en funcionamiento.
También, en ese limbo, se produjeron inexcusables casos de agresión a conductores y pasajeros de Uber por parte de autoridades y taxistas.
La llegada del proyecto de ley 003, radicado en julio, es una oportunidad. Una oportunidad para reconocer que el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular intermediado por plataformas es una realidad que hizo posible la tecnología móvil y le corresponde al marco legal evolucionar para regularlo.
Pero también es una oportunidad para examinar lo innecesariamente difícil que es el trabajo de los taxistas, lo injusto y mafioso que ha llegado a ser el tema de los cupos y lo importante es que se permita a quienes prestan este servicio, absolutamente vital para la vida en nuestras ciudades, evolucionar con la tecnología sin ser arrollados por su avance.
El proyecto en discusión incluye provisiones sensatas, como la de permitirles a los taxistas que trabajan bajo plataformas tecnológicas cobrar bajo los parámetros de esas plataformas y no con el tarjetón. En otras palabras, subirse a la tarifa dinámica que en algún momento pareció ser lo único que les gustaba de Uber. A su vez, contempla reducir el tiempo de renovación de las licencias particulares si se están usando para trabajar en apps como Uber.
En pocas palabras, equilibrar el campo de juego. Pero por encima de todo, en lo que quizás sea su desafío más grande, el proyecto contempla eliminar de una vez por todas el esquema malsano de los cupos, que puso a una élite privada a manejar y comerciar con un recurso que es público y hoy por hoy no le revierte un centavo al Estado. Para que funcione, deberá implementarse un esquema de compensación que amortigüe el impacto para quienes usaron los ahorros de una vida para pagar por un intangible que cada vez va a valer menos.
No es algo fácil y el país nos ha dado pocas razones para el optimismo, pero al menos se están dando pasos en la dirección correcta. Verán, el gran error en la manera en que por años se ha manejado el tema en países como Colombia es haber creído que la tecnología era el gran disruptor. No señor, en manos de reguladores sensatos, informados y humanos, la tecnología puede ser todo lo contrario: la tecnología puede ser el gran equilibrador.
