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Nada más difícil que ayudar a los pobres sin tirarse en ellos, solía decir mi gran maestro Hugo López, conocedor como pocos de los problemas de pobreza y desempleo.
Para quien la recibe, la renta ciudadana es un pago por no trabajar que reduce el costo de oportunidad del ocio y aumenta el salario de reserva y, por ello, el desempleo voluntario. En países como España, Francia, Italia y Grecia, donde ese “ingreso mínimo vital” es poco o nada condicionado, los perceptores se cuentan por millones y la tasa de desempleo es muy elevada, generalmente, por encima del promedio europeo. Es menor el desempleo, debajo del promedio, en países como Alemania, Polonia, Holanda, Noruega y Austria donde quienes reciben la prestación de forma temporal están obligados a buscar empleo activamente o capacitarse en algún oficio.
El ingreso mínimo vital o renta ciudadana es la más grande estafa del estado de bienestar. Los pobres que la reciben no alcanzan a percatarse de que son ellos mismo quienes la pagan con los impuestos que sobre ellos recaen, directa o indirectamente, en el mejor de los casos, o con desempleo o empleos mal remunerados, en el peor.
Exceptuando los arrendamientos y los servicios públicos, tienen IVA todos los bienes de la agrupación “Vivienda” de la canasta familiar, al igual que todos los de “Vestuario”. Lo mismo que la mayoría de los ítems de los grupos Diversión, Transporte, Comunicaciones y Otros. En fin, tienen IVA 21 de los 56 ítems del grupo alimentos sobre varios de los cuales recaen también las tarifas saludables. También pagan los pobres impuestos a las bebidas alcohólicas y a la gasolina con la que se tanquean sus motos y los vehículos de servicio público en los que se transportan.
Como si esto fuera poco también padecen los pobres la incidencia de impuestos que nominalmente recaen sobre otros. En un mero ejercicio de racionalidad económica, los agentes económicos tratan de trasladar hacia adelante - mayor precio de los productos - o hacia atrás - menor pagos a proveedores - los impuestos que deben pagar. Quienes tienen poder de marcado lo logran de tal suerte que los pobres terminan pagándolos con menor remuneración o precios más elevados.
Cuando las empresas fracasan total o parcialmente en trasladar sus impuestos y se vuelven inviables, los pobres pierden sus trabajos. Esa fragilidad de las empresas es especialmente importante en países de baja renta. Por eso es un error pretender imponer la misma presión fiscal y los mismos beneficios sociales de países de renta media por habitante de 60.000 dólares anuales a un país que escasamente llega a los 6.000.
Finalmente, la renta ciudadana es una política perversa porque más que acabar con pobreza, busca hacerla llevadera, aletargando el sentido de responsabilidad de los individuos sobre su propia suerte y haciéndolos proclives a la dependencia y a la sumisión, preparándolos para recibir agradecidos la libreta de racionamiento o la cajita CLAP, meta final del proyecto del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego.
