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En un reciente consejo ministerial, el presidente anunció la intervención por decreto del mercado eléctrico: limitar al 5% la participación de la bolsa de energía y trasladar la deuda de la “opción tarifaria” a los usuarios de mayores ingresos. A primera vista, puede sonar atractivo para quienes han visto subir sus facturas. Pero esta medida, presentada como justicia social, es en realidad un salto al vacío. El remedio podría ser peor que la enfermedad.
Forzar por decreto una reconfiguración del mercado energético es jugar con fuego. El sistema depende de un delicado equilibrio entre contratos estables y una bolsa que además de servir como mercado complementario al contractual, actúa como regulador de precios en contextos de escasez. Limitar su uso al 5% elimina señales esenciales para incentivar la producción adicional en épocas críticas, como durante “el niño”, y podría tener efectos colaterales en el funcionamiento de los contratos de largo plazo. De hecho, XM proyecta un déficit de energía firme de 1.224 GWh en 2024-2025, que podría triplicarse hacia 2026 si no se suman nuevos proyectos. Introducir reglas que desincentiven la inversión solo puede conducir a apagones.
Por otro lado, el uso de la opción tarifaria en pandemia, mecanismo introducido por la CREG desde 2008, fue una decisión acertada para proteger a millones de hogares. Algo similar ocurrió con la intervención de Electricaribe en 2016: no fue perfecta, pero resultaba inaplazable ante el deterioro estructural del servicio en la región Caribe. Ambas decisiones reflejan la capacidad del Estado para actuar con sentido de urgencia frente a problemáticas profundas del sistema energético.
Lo que no se puede hacer ahora es tomar decisiones sin respetar el marco institucional y regulatorio. Las reglas del mercado eléctrico existen tanto para proteger a los usuarios como para promover la libre competencia y garantizar la estabilidad del sistema. Debilitar la institucionalidad y enviar señales erráticas a los agentes del mercado solo agrava los problemas. Cuando la regulación y la política pública se convierten en un instrumento político, se deteriora la confianza, se encarece el riesgo país y se bloquean las inversiones que Colombia necesita.
Además, el uso de decretos para intervenir el mercado sin pasar por el Congreso ya ha sido limitado por la justicia. Es inviable constitucionalmente, la intención de trasladar por decreto la deuda de la opción tarifaria a otros actores. Más fácil y legal es que el gobierno cumpla lo que prometió, al asumir la “opción tarifaria”.
Y alterar las reglas de juego sin consenso técnico y legal puede activar cláusulas de protección a la inversión en tratados internacionales y poner en jaque importantes proyectos de generación. ¿Quién apostará por nuevas plantas, si el marco regulatorio opera como terreno movedizo? Resulta paradójico que, mientras se habla de atraer inversión y diversificar la matriz, se lancen ideas como traer gas por cables de energía, como si los fundamentos físicos del sector también pudieran reescribirse por decreto.
Un decreto se firma en minutos, pero sus efectos pueden durar décadas. Si se quiere reformar el sector eléctrico, debe hacerse con sensatez, no con improvisación. Porque la luz no se impone por decreto y un mal decreto puede, literalmente, apagarla.
*Rector Universidad EIA
