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La legitimidad es la capacidad de un gobierno de obtener obediencia sin que recurra a la amenaza de la fuerza; es la facultad de mando del gobernante y el deber de obediencia de la ciudadanía. Y esa legitimidad se gana en su origen por el respeto a los procedimientos democráticos y en su ejercicio por el buen resultado de su gestión.
La legitimidad en su origen se alcanza cuando el gobernante es fruto de la aplicación de los procedimientos propios de la democracia como quiera que alcance el poder por haber triunfado en unas elecciones libres y competitivas en las que los ciudadanos disponen de libertad, secreto e igualdad para depositar su voto en las urnas. De esta manera, el gobierno que proviene de la voluntad popular electoralmente expresada es legítimo en su punto de partida. Por su lado, la legitimidad de ejercicio depende de la buena administración del gobierno cuando avanza positivamente en la solución de las necesidades económicas y sociales de la población y satisface sus demandas de seguridad y control del orden público.
Por ello, si el resultado de su gestión es percibido como satisfactorio y se ajusta a las expectativas generadas en la ciudadanía, su legitimidad de origen queda reforzada. En cambio, su bajo rendimiento e ineficiencia le hacen perder legitimidad, ya que el éxito o fracaso de su administración aumenta o disminuye el respaldo de los ciudadanos y la aptitud para obtener aprobación o rechazo a las órdenes que imparte, pues es claro que un gobierno legítimo en origen su puede tornarse ilegitimo por su mal desempeño.
Hasta ahora, la gestión del presidente Petro muestra que los problemas estructurales se mantienen y nuevos han aparecido en el horizonte: inseguridad y violencia en campos y ciudades, fortalecimiento de grupos armados, deficiencias de la política de paz total, desplazamiento interno, violencia de género extendida, desaceleración de la economía, elevada inflación, altas tasas de interés, desempleo y empleo informal, radical polarización, aumento de la deforestación, entre otros. Es claro que no es culpa de este gobierno la presencia de estos males, pero si es de su responsabilidad enfrentarlos, máxime cuando existía la expectativa que lo haría, por lo que esta situación repercute en su legitimidad.
¿Y cómo se mide la legitimidad de un gobierno en ejercicio? Por el respaldo electoral, las encuestas y sondeos y el apoyo directo en respaldo a sus proyectos. Cuando los partidos afines y seguidores del presidente en ejercicio compiten en elecciones nacionales o regionales y resultan derrotados, es claro que han perdido respaldo electoral, y, por consiguiente, tanto esas agrupaciones como el presidente, legitimidad. Si en las encuestas y sondeos los ciudadanos encuestados, que, por lo general, al principio de los gobiernos los apoyan, con el paso del tiempo si no cumplen sus promesas ni satisfacen las expectativas creadas para ganar las elecciones, las encuestas muestran rechazo a su gestión y, por lo tanto, pérdida de legitimidad. Y, por último, si los proyectos del gobierno no alcanzan el respaldo mayoritario de los partidos políticos, y gremios, academia y sociedad civil desaprueban sus propuestas, es evidente que su legitimidad se ha debilitado.
Ante estas circunstancias, corresponde al presidente Petro tomar las medidas necesarias para recuperar la indispensable legitimidad y mejorar la gobernabilidad, para lo cual debería escuchar las razones de quienes critican su gestión.
