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El funcionalismo es una escuela de la sociología y uno de sus mayores exponentes fue Robert Merton, profesor de Columbia más conocido, paradójicamente, por su invento de los grupos focales como medio de investigación.
El pensamiento funcionalista estudia ciertos aspectos del comportamiento de la gente en la sociedad que generan estabilidad o inestabilidad en ella; estos se dividen en aspectos manifiestos y aspectos latentes. Los manifiestos son los que claramente están a la vista y los latentes son aquellos que tienen consecuencias no reconocidas o no intencionadas.
Los aspectos manifiestos de la corrupción son la gran disminución y efectividad de los recursos públicos para atender las necesidades de los ciudadanos, como siempre de los más necesitados: hay menos acceso a acueductos, a escuelas de calidad, a la financiación universitaria, a una alimentación escolar debida, a una justicia más eficaz, a un sistema de seguridad que defienda a los ciudadanos. Son terribles y lo sabemos todos.
Pero los aspectos latentes son desgraciadamente mucho peores. En primer lugar está el efecto de la deficiente operancia de la justicia en la lucha contra la corrupción; esto por ende es un estímulo a la repetición del acto corrupto, en una acción que pareciera repetirse al infinito cuando no hay castigo; y menos la devolución del dinero robado u ojalá multado varias veces el monto sacado. Luego viene el libido de la corrupción para obtener indebidamente mayores cifras sin consecuencia penal o pecuniaria alguna. Se vuelven recurrentes los contratos a dedo, sin ninguna retribución para la comunidad; y con su correspondiente repartición de coimas a quienes los otorgan. Y el proceso se vuelve norma, pasando a crimen organizado, como el caso del llamado Pitufo, generando gran inestabilidad social.
Y ¿quién entonces puede parar este terrible proceso de degradación social? Es obvio que debería ser la justicia. Y en segundo lugar aquellos que con un comportamiento impecable y una voluntad férrea alzan su voz para rechazar esas conductas: lo hacen el 98% de los colombianos. Pero la justicia es en muchos casos inoperante pues los corruptos tienen mapeados los caminos para corromperla igualmente. Por ello el control social es la última barrera, apoyada en el periodismo que en Colombia ha sido un enorme bastión de defensa de la democracia y lo que debería ser el imperio de la ley.
No hay aspectos latentes positivos ilustrados en otros casos por el funcionalismo: por el contrario la degradación de valores, como el esfuerzo y el estudio que llevan a las sociedades más avanzadas a construirse en democracias con mayores oportunidades, se ven afectados por la corrupción. De allí el esfuerzo del ejemplo de los altos gobernantes, políticos y líderes de la sociedad, empresarios, escritores, periodistas y gremios; pero no solo en su actuar sino en la calidad de las personas que frecuentan y los estrictos controles éticos y morales que deben imperar en el nombramiento de sus funcionarios. No es para perder la esperanza, pasó en Europa por siglos, y se extinguió con la fuerza de la opinión.
