Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Un país dos sistemas. No, no es China, sino Estados Unidos. Donde lo mismo vale penalizar la deslocalización de la producción para “hacer a América otra vez grande” que sacar la “basura” propia y ajena fuera de sus fronteras. Lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el pasado martes: los primeros vuelos con migrantes irregulares han comenzado a partir hacia el centro de detención de Guantánamo, el limbo cubano donde el Ejército de EE. UU. tiene una cárcel.
La intención es dejar claro al mundo y a sus propios votantes que Trump va en serio y que se va a evitar que Estados Unidos se convierta en “un vertedero de criminales ilegales de países de todo el mundo”. A tal efecto, Trump prevé recluir a unas 30.000 personas más en Guantánamo y ha llegado a un acuerdo para seguir deslocalizando reos a El Salvador, convertido en todo un experto en detenciones.
El propio presidente salvadoreño, el polémico Nayib Bukele, cuyos expeditivos métodos para luchar contra las maras han hecho que la criminalidad se reduzca drásticamente en el país centroamericano, ha reconocido que la “externalización” del sistema penitenciario estadounidense le sale barata a Washington, pero para El Salvador la “tarifa” que abonará Trump le permitirá hacer “sostenible” el sistema penitenciario. Una declaración que deja a las claras que, para que el negocio de llenar el país de escoria le salga rentable a Bukele con esa “tarifa plana”, las condiciones carcelarias deben de ser inhumanas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que los acuerdos con Bukele le comprometen a “alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses, (...) inmigrantes ilegales violentos de cualquier país” y a “repatriar a todos los pandilleros salvadoreños” desde territorio estadounidense.
“Se alcanzaron múltiples acuerdos para luchar contra las olas de migración masiva ilegal que actualmente desestabilizan toda la región”, anunció la portavoz del jefe de la diplomacia estadounidense, Tammy Bruce.
El Departamento de Estado ha especificado que el presidente salvadoreño ha acordado “repatriar a todos los pandilleros salvadoreños de la MS-13 (Mara Salvatrucha) que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.
Asimismo, las autoridades del país centroamericano encarcelarán a los “migrantes ilegales criminales de cualquier país”, lo que incluye, según especifica la nota de prensa, a “los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua”.
El acuerdo deja muchas incógnitas sin despejar. La primera es lo qué pasará cuando todos esos presos cumplan condena. ¿Regresarán a Estados Unidos como hombres libres? ¿Se les soltará en El Salvador con el consiguiente riesgo para el país? ¿Se trasladará el problema a quien suceda a Bukele, si hay sucesión? La otra opción es la más cruel: que está previsto que no salgan jamás vivos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), situado a 74 kilómetros de la capital, rodeado por un muro de cemento de 11 metros de altura, de 2,1 km de extensión, sin señal telefónica, con una sola carretera y con capacidad para 12.000 presos.
Está por ver la constitucionalidad de sacar del país a ciudadanos estadounidenses por delitos que, por graves que sean, no son actos de terrorismo. También por qué un país que consagra el derecho a poseer armas es incapaz de coger ese toro por los cuernos, lo que acabaría de raíz con la abultada criminalidad. Endiñarle la basura al vecino está feo, veremos si sale rentable a alguien más que a Trump.
