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A Medellín lo siguen atormentando los fantasmas de su pasado violento. El miedo es común con la presencia de 10 grupos delincuenciales organizados identificados de los que se desprenden 84 grupos delincuenciales criminales organizados y más de 5.000 personas vinculadas. La ciudad no es ajena a los retos, ha enfrentado el sonido de balas como música de fondo, las paredes con agujeros fruto de los enfrentamientos, los niños con armas en vez de útiles escolares, las imágenes de desaparecidos y las llamadas que nunca fueron contestadas.
Enfrentar las estructuras criminales se perfila como la posibilidad de no padecer su eterno sufrimiento y la esperanza de una desmovilización con medidas severas contra la reincidencia, acompañada de la justicia como garantía de confianza para los ciudadanos. Sin embargo, la violencia actual de la ciudad –no la de las historias de hace treinta años que parecen lejanas– tiene el alias de líderes de las estructuras criminales que se encuentran vacacionando en un hotel de cinco estrellas y participando en lo que parece una escapatoria de su conciencia.
El Gobierno Nacional instaló la mesa de diálogo en la cárcel La Paz de Itagüí con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá bajo el pretexto de su compromiso con la política de la Paz Total y su voluntad de detener la violencia.
La realidad es que los grupos delincuenciales podrán acoger a sus nuevos gestores de paz, en libertad, a partir del mes de septiembre. Estos solo tendrán que sacrificar unas horas de planeación de la agenda de la ciudad para hablar de arrepentimiento, a cambio de la legalización del 6% de la fortuna que declaren y el beneficio de disfrutar “en paz” el 100% de las que no declaren.
Un proceso de paz solo es exitoso si su antesala son las señales inequívocas de cese de acciones criminales, no las noticias perturbadoras, el llanto de las familias, la desconfianza en la justicia y la imposibilidad de construir un relato verídico para que las víctimas puedan volver a dormir en las noches.
Escenario lejano al de la ciudad que, cada vez más, parece la tierra del olvido y carga con una percepción de seguridad del 50%. La Paz Total, sin un marco jurídico que esclarezca el orden en un proceso con grupos armados ilegales que carecen de estatus político, es solo una expresión que encubre la violencia. No es extraña la premura por mostrar resultados en medio de un Gobierno Nacional y una Administración Distrital con alta desaprobación y gobernabilidad en riesgo, lo difuso es la necesidad de pactos en época electoral frente a la posibilidad de tener como consecuencia la fragmentación de las estructuras y el aumento de la criminalidad.
La Medellín Futuro, que busca volver al oscuro pasado, se unió con la Colombia potencia mundial del constreñimiento electoral, donde los “narcotraficantes tienen un camino” a la impunidad total. El resultado del trato es una movilización electoral que garantizará que las estructuras criminales participen, marcando una X en las urnas en agradecimiento al fin de su condena.
