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La reciente aprobación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia (TESCC) por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia, impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón, es un golpe directo a las empresas locales, al bolsillo de los ciudadanos y a la competitividad de nuestro departamento. Esta decisión, tomada de manera atropellada y con un desprecio evidente por las múltiples voces de alerta, representa un retroceso para Antioquia y una clara muestra de improvisación en la gestión fiscal y de seguridad.
Desde el inicio, la ordenanza fue objeto de críticas fundadas. Los 35 gremios del Comité Intergremial de Antioquia, que incluyen a la ANDI, FENALCO y ACOPI, entre otros, señalaron los efectos nocivos que tendría esta tasa sobre la industria y el comercio. Según la ANDI, el costo de la energía en la industria representa cerca del 20% de sus costos totales, y la TESCC incrementaría esta tarifa en un 9,8%. Esto no solo encarece la producción, sino que pone en jaque la competitividad de nuestras empresas frente a otros mercados.
Un estudio de FENALCO reveló que, para 105 empresas consultadas, esta tasa significaría un aumento de costos de casi $10.000 millones al año, dinero que podría ser utilizado para generar 386 empleos formales con salario mínimo y prestaciones legales. En un contexto donde el empleo y la reactivación económica deberían ser prioridad, esta decisión es incomprensible.
Por si fuera poco, la medida no cuenta con una base normativa sólida. El gerente de EPM advirtió que el cobro podría estar viciado de nulidad por vulnerar el principio de legalidad tributaria, exponiendo a la empresa y a los usuarios a riesgos legales y administrativos. Incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tradicional aliado del gobernador, se opuso rotundamente a que EPM sea el recaudador de esta tasa.
Más allá de los argumentos económicos, está la pésima gestión de los recursos existentes. El FONSET, que debería financiar la seguridad territorial, tiene una ejecución inferior al 50% para diciembre, con $33.000 millones sin utilizar. Si la Gobernación no ha podido ejecutar los recursos que ya tiene disponibles, ¿por qué piensa que la solución es recaudar más?, ¿qué van a hacer con un presupuesto nueve veces mayor?.
Además, Antioquia ocupa el puesto 24 de 33 departamentos en capacidad de recaudo local, según el Índice de Competitividad Departamental 2024. ¿No sería más sensato trabajar en formalizar empresas y mejorar la capacidad de recaudo bajo la regulación actual, en lugar de asfixiar a los sectores productivos?
La TESCC no es solo una mala idea; es un reflejo de una desconexión preocupante entre las prioridades del gobierno departamental y las necesidades reales de los antioqueños. No se puede construir seguridad a costa de destruir empleo y ahogar la competitividad empresarial.
Antioquia necesita liderazgo responsable, no improvisación fiscal. Necesita una gestión que valore a las empresas locales como aliadas del desarrollo y no como una fuente inagotable de recursos. Porque al final, somos los ciudadanos y las empresas los que terminamos pagando los costos de decisiones que no resuelven problemas, sino que los agravan.
