Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
El hallazgo de restos humanos en La Escombrera no es solo una noticia más en el largo historial de violencia que ha marcado a Colombia. Es una prueba tangible de las décadas de dolor, impunidad y silencio que han enfrentado cientos de familias de la Comuna 13 en Medellín. Pero también es un recordatorio del papel fundamental que ha tenido el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, un pacto que, pese a sus altibajos, ha permitido la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas instituciones han sido clave para abrir caminos hacia la verdad y la reparación. Quienes critican estas instituciones, deben reconocer el alivio que sienten hoy las familias de los desaparecidos gracias a este importantísimo hallazgo.
La Comuna 13 ha sido un símbolo de resistencia en medio de la peor violencia. Desde los años 80, esta zona fue escenario de múltiples confrontaciones armadas entre diferentes grupos. Primero, bajo el dominio del narcotráfico, cuando Pablo Escobar convirtió a jóvenes de barrios empobrecidos en sicarios al servicio del Cartel de Medellín. Luego, en los 90, las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) se disputaron el control del territorio, mientras la población civil quedaba atrapada en medio del fuego cruzado.
Pero el punto de quiebre llegó en 2002 con la Operación Orión, un operativo militar que, si bien buscaba restablecer el control estatal, terminó convertido en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares marcaron este capítulo. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estas graves violaciones a los derechos humanos.
El hallazgo en La Escombrera es un acto de reivindicación para las madres buscadoras, esas mujeres valientes que nunca dejaron de exigir respuestas, aunque fueran señaladas de estar “locas”. Es también un llamado urgente a no repetir los errores del pasado. La verdad debe salir a la luz en su totalidad, y debe venir acompañada de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Hoy más que nunca, el país necesita que estas instituciones, nacidas del Acuerdo de Paz, sigan funcionando con autonomía y compromiso. La paz no es solo la ausencia de armas; es, sobre todo, la presencia de verdad, memoria y dignidad para quienes han cargado con las peores cicatrices del conflicto. La Escombrera debe dejar de ser un símbolo de muerte y convertirse en un faro de esperanza para toda Colombia.
El reto ahora es garantizar que los hallazgos en La Escombrera no queden como un hecho aislado, sino que impulsen una política integral de búsqueda de desaparecidos en todo el país. Cada familia tiene derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos, y el Estado tiene la obligación moral y legal de facilitar estos procesos. Solo así podremos hablar de una paz verdadera, construida sobre cimientos de memoria, justicia y no repetición.
