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En una reciente conferencia, Eduardo Lora presentó una investigación sobre la mala distribución del ingreso en Colombia y propuso políticas para reducirla. Un hallazgo clave es la inequidad dentro de los mismos grupos: ciudades, empleos e incluso entre graduados universitarios.
Un aspecto difícil de entender sobre la distribución del ingreso en Colombia —medida por el coeficiente de Gini— es por qué, antes de la intervención del gobierno, es similar a la de países como Francia o Inglaterra. Sin embargo, estos la corrigen con transferencias y otros mecanismos. En Colombia, el Estado tiene un rol casi nulo en este aspecto: después de las transferencias, el Gini se mantiene igual o incluso aumenta. No se cumple la función redistributiva de esas democracias, de las que deberíamos aprender. Para ello, es necesario replantear la entrega de recursos, ya sea en ayudas monetarias, educación o asistencia técnica y gerencial.
Dos factores podrían reducir significativamente el Gini. Primero, disminuir el cuentapropismo, fomentando el trabajo en equipo en lugar del individualismo. Esto es clave no solo en ciudades, sino también en el campo, donde predomina la figura del “hombre/mujer orquesta”. El trabajo colaborativo en microempresas debería ser norma, pues facilita el aprendizaje mutuo y aumenta productividad. Además, estos avances requieren objetivos claros y medibles, con seguimiento continuo, principios esenciales de la gerencia moderna que deben democratizarse.
El segundo es la educación universitaria, que debería ser un ecualizador social, pero en la práctica amplía la desigualdad. Un estudiante de origen rural, cuyos padres tienen poca educación y egresa de un colegio de baja calidad, aunque obtenga un título universitario, suele acceder a educación de menor nivel. Como resultado, la diferencia de ingresos con otros universitarios se amplía. El problema no es acceder a la universidad, sino la disparidad en su calidad y oportunidades laborales.
Para corregir esto, es fundamental mejorar la educación básica y media. Más que un gobierno, se necesita un compromiso nacional a 15 o 20 años para elevar el puntaje de Pruebas Saber en colegios públicos. Actualmente, el promedio es de 240 puntos, pero deberíamos aspirar a superar los 300 a mediano plazo para acercarnos a estándares OCDE. Sin embargo, no basta con subir el promedio; también debemos reducir la desigualdad entre departamentos, municipios y colegios, así como dentro de cada aula. Si algunos estudiantes sobresalen mientras la mayoría se rezaga, algo no está funcionando. Esto es viable tanto operativa como presupuestalmente.
En Cundinamarca, en 2012 iniciamos con seis rectores la transformación de colegios en Cajicá con la Fundación Alquería. El resultado: todos alcanzaron el nivel A, convirtiendo al municipio en pionero a nivel nacional. Hoy, estos colegios promedian 283 puntos, con una desviación estándar de 9 puntos entre los cuatro mejores (promedian 291). Entre 2019 y 2023 impactamos 83 colegios y ahora buscamos llegar a 200 en todo el departamento. Esperamos superar los 270 puntos promedio al finalizar el periodo del gobernador Rey, quien ha permitido impulsar estos avances con presupuesto y apoyo institucional.
