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La posibilidad de acceder a educación de calidad en Colombia se ha vuelto un privilegio. El interés que debería tener el Estado en la prestación del servicio ha sido no solo poco, sino que se ha permitido una y otra vez que los recursos públicos sean vilipendiados, y terminen perdiéndose en un marasmo de corrupción y malas decisiones.
En Medellín, por ejemplo, el esfuerzo por entregar becas universitarias se ha convertido en objetivo de financiación para las universidades privadas. ¿Por qué? Mientras a una universidad privada le entregan el valor total de la matricula que va desde 7 a 20 millones por semestre. Las universidades públicas, no han recibido lo que les cuesta un estudiante por año o semestre, sino lo que cuesta su matrícula, que para el caso de instituciones como la Universidad de Antioquia en estratos 1 y 2 asciende a $170.000.
De esta manera, durante años el presupuesto del Estado para la educación superior ha sido aprovechado para la supervivencia del negocio privado de la educación y no para el fortalecimiento de la Educación en instituciones públicas que se ahogan en problemas de desfinanciación y se ven imposibilitadas para el desarrollo de ciencia y tecnología gracias a la falta de financiación.
La semana pasada en el Senado de la República fue aprobado en primer debate el Proyecto de Ley 192 de 2022 “por medio del cual se crea el Bono Escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones” con dicho proyecto se pretende entregar a instituciones públicas y privadas un bono que permita que la educación privada acceda al presupuesto público para su sostenibilidad.
Nuevamente juega como viene jugando en el sistema de educación superior. Mientras un gran porcentaje de nuestras instituciones educativas se caen a pedazos, tenemos regiones sin los y las maestras suficientes, las herramientas para mejorar pedagógicamente los procesos de aprendizaje son casi inexistentes, se pretende entregar a las instituciones privadas de educación el presupuesto que debería servir para garantizar el mejoramiento de la educación pública en Colombia.
Este proyecto de ley debería ser desde ya parte de un gran debate nacional, donde definamos si el presupuesto público debe engordar los negocios privados de la educación, o si por el contrario, deberíamos hacer un gran esfuerzo por el mejoramiento de la infraestructura oficial, las herramientas para la investigación desde temprana edad, el mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros maestros y maestras y por supuesto, la creación de nuevas estructuras físicas que permitan mejorar la cobertura.
Los negocios educativos son eso, negocios, muy rentables en la mayoría de los casos. La educación pública, gratuita, de calidad y universal, es un derecho y un deber constitucional que debe ocupar la mayor atención de parte del Estado y el mayor presupuesto posible libre de corrupción y politiquería.
Abro el debate y con él la posibilidad de sacar adelante nuestro país, a nuestros niños, niñas y adolescentes y en general a nuestros jóvenes. El presupuesto público debe girar alrededor de crear mejores condiciones de vida para todos y todas.
