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La democracia representativa fue la forma adoptada cuando se conformaron los Estados-Nación, para viabilizar el ejercicio del poder político –acompañado del surgimiento de los partidos o movimientos políticos y los grupos de interés-, por supuesto sabiendo que el ejercicio de las mayorías no lo podía definir ni un caudillo, ni cualquier otro dirigente queriendo decir que es lo que conviene o no. Sin embargo, con el tiempo y podríamos decir que empezando la segunda mitad del Siglo XX comienza a cuestionarse si los elegidos como representantes -dentro de la democracia representativa- realmente representaban los intereses de quienes los eligieron. Todo ello da origen a la introducción en las Constituciones, basado en el concepto de Soberanía Popular como sustituto de la antigua Soberanía Nacional, de un conjunto más o menos amplio de mecanismos de participación social.
En nuestro caso eso se llevó a cabo en la Constitución de 1991 que consagra un abanico amplio de posibilidades tanto para la participación cívica o ciudadana, como para la participación comunitaria, recogidos en los Artículos 103 y 104 y en el Artículo 152 se señala que la ley los reglamentará. Es decir, la Constitución de 1991 amplia los espacios de la participación con base en el fundamento de la Soberanía Popular, pero eso no significa que la democracia representativa y las competencias de las diversas ramas del poder público se hayan modificado –por supuesto se podrían cambiar previo un proceso de reforma constitucional que se haga con los procedimientos establecidos-. Por ello es muy importante entender que el ejecutivo tiene sus competencias y su legitimidad, así como el legislativo igualmente cuenta con su competencia y legitimidad y la rama judicial igualmente, así como los órganos de control.
Entonces, es importante la utilización de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en nuestra Constitución, sin pretender darle a los mismos alcances que no tienen por ahora y los ciudadanos están frente a dichas convocatorias, independiente de quién las haga, el ejecutivo, el legislativo o la propia iniciativa ciudadana, a participar o no participar, porque no se puede olvidar que la no participación es igualmente una opción de participación.
Por ello, es importante que esperemos a que se convoque formalmente la consulta popular que se anunció por parte del gobierno nacional, que se analice claramente cuáles son las opciones que se proponen a los ciudadanos, que los organismos institucionales y judiciales respectivos den sus valoraciones acerca de la validez legal de las mismas y luego esperar a ver cómo se manifiestan los ciudadanos en su autonomía y libertad y por supuesto listos a aceptar los resultados de esas manifestaciones.
En el entretanto, los colombianos que lo deseen están con la posibilidad de salir a manifestarse, firmar los documentos, peticiones, que consideren, porque todo eso es parte del debate democrático –con el respeto por las opiniones de los demás, sin injurias-, porque ello es fundamental para fortalecer nuestra democracia, donde no puede haber solamente una opinión válida, ni una única argumentación a considerar, porque ello sería el principio del totalitarismo.
Bienvenidas las convocatorias al ejercicio de la participación ciudadana, porque así fortalecemos nuestra democracia representativa.
