El gobierno está solicitando $502,6 billones para ejecutar el año entrante y, de recibir el visto bueno del Congreso, sería la caja más cuantiosa que haya tenido el Estado colombiano.
De acuerdo con la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, el monto que se destinaría a la inversión social asciende a $97,7 billones y crecería 17,4%, pero como Colombia sufre del llamado “síndrome de la cobija corta”, si se cubre los pies, se descubre el pecho. Esto para traer a colación que los recursos son límitados y las necesidades de la población son muchas.
Por ello, al momento de poner el presupuesto en consideración del Parlamento, Minhacienda afirmó que habrá un esfuerzo para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto; una tarea que en buena medida dependerá de corregir la asignación de los subsidios que entrega el gobierno.
Subsidios mal focalizados
Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, indicó que “el panorama general, es que en el total de los subsidios que entrega el Estado, más o menos dos terceras partes del gasto le están llegando a hogares que no son pobres; lo que ratifica que Colombia tiene graves problemas en materia de focalización de esos subsidios”.
Y este no es un tema menor, mucho más si se tiene en cuenta que el gasto en protección social (en el que se incluyen los subsidios) hoy día rebasa los $100 billones anuales y depurar la base de beneficiarios generaría un ahorro para auxiliar a quienes de verdad lo necesitan.
Por ejemplo, según los estudios realizados por Fedesarrollo, los subsidios en pensiones y servicios públicos son los que están más mal focalizados: “En los servicios públicos, más del 80% del gasto que hace el gobierno le llega a hogares que no son pobres. Y en pensiones, casi el 90% de los subsidios les llega a hogares que no son pobres”, resaltó el director del citado centro de pensamiento.
Al consultarle cuáles de estos auxilios son los más costosos, mencionó que el de las pensiones es el más oneroso con un valor que ronda 2,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), o sea, cerca de $35 billones anuales que se giran en una ayuda que no llega a los más vulnerables.
Así mismo, hizo notar que los subsidios a los servicios públicos pueden rondar 0,8 puntos del PIB, “son recursos muy importantes y deberían estar mejor focalizados”.
Aunque hay 12 subsidios de primer orden (ver gráfico), los dos anteriores generan la carga más pesada para las arcas de la Nación por su mala asignación. Y teniendo en cuenta que la política de gasto debe cubrir a los más vulnerables, Mejía señaló que las fallas en la elección de los beneficiarios merma el impacto que deberían tener estos auxilios.
Cuidar la billetera
Con el tema pensional, el gobierno ya está planteando una solución en la reforma que radicó ante el Congreso y el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comentó que los subsidios a las altas mesadas en Colpensiones tenían que acabarse.
Sin embargo, en materia de servicios públicos, todavía no se ha presentado una hoja de ruta para corregir el problema. Lo que sí indicó el director de Fedesarrollo es que la asignación de los subsidios no debe realizarse únicamente con base en los estratos socioeconómicos, sino que debe complementarse con el Sisbén, “que es el que está más relacionado con la capacidad de generar ingresos”.
Inclusive, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), se mostró de acuerdo con sacar adelante una reforma a los servicios públicos y coincidió en que se le deben retirar los auxilios económicos a quienes no los necesitan.
Y es que los cálculos realizados por Fedesarrollo indican que el 80% de los recursos le llegan a hogares que no son pobres. En contraste, Familias en Acción (que ahora se unificará con otras transferencias y pasará a llamarse renta ciudadana) tiene la mejor focalización, toda vez que el 38% de la plata les llega a hogares que no están en condición de pobreza.
Gastos que presionan
Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, señaló otras obligaciones en las que ha incurrido el gobierno y que, tal como han señalado otros expertos en finanzas públicas, presionan más la caja de la Nación.
Por ejemplo, mencionó el subsidio al Soat, con el que se busca bajar los índices de evasión en la compra de este seguro y que tiene un costo de $2 billones al año, iniciativa que, al parecer, no está dando frutos porque con corte al primer semestre, el 78% de las motos rodaban sin esa póliza obligatoria.
Sin embargo, el exministro también hizo notar que al gobierno le tocará sacar otros $14 billones por no ajustar la tarifa del diésel, y ahí también habló de otros $38.000 millones que irían a Satena para cubrir lo que podría entenderse como pasajes subsidiados.
“Cuando usted regala plata, alguien la paga. Y no la paga Petro ni el Congreso, la pagamos los demás. Alguien paga todo, es el principio básico de la economía, nada es gratis”, señaló.
Y puntualizó: “Cuidemos a quien le regalamos cosas, regalémosle a los pobres, al que necesita. Esa generosidad excesiva, en cada discurso regalando $2 billones, termina siendo muy costosa para una economía”.
