Con el fin de atacar las principales barreras que enfrentan los mineros para bancarizarse, como la desconfianza del sector financiero, la escasez de oferta de servicios diseñados para la minería y la percepción de riesgo de lavado de activos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, pondrá en marcha a partir de este mes el programa de inclusión financiera para pequeños y medianos mineros como estrategia de reactivación económica.
Se trata de la Ley 2177 de 2021, promulgada el pasado 30 de diciembre, que busca garantizar que titulares mineros, explotadores, comercializadores de minerales, prestadores de servicios especiales, así como mineros en proceso de formalización y legalización, puedan acceder a créditos hipotecarios, créditos de libre inversión y leasing habitacional, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Sin embargo, a pesar de este ser un avance en el país en cuanto a la eliminación de brechas en el sector extractivo, aún quedan algunos desafíos por enfrentar y vacíos por resolver.
Trazabilidad
La cadena de comercialización del oro en Colombia inicia con la venta de este a un intermediario que puede ser un comerciante local o un comprador externo. Sin embargo, históricamente, las brechas que se presentan en esta cadena han facilitado la filtración de mineral de procedencia ilícita.
Y es que según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), actualmente no existe manera de rastrear el destino final del oro que se consume en el país. Según la entidad, “es cada vez menor (o inexistente) el consumo interno de oro y, de existir, no hay registro de en qué industrias o en que productos y servicios es usado”.
Precisamente, uno de los propósitos de esta nueva ley es generar estrategias en la trazabilidad entre el barequeo y la entrega del oro en la comercialización, de manera que las entidades financieras también puedan tener la confianza en la transacción.
Sobre esto, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, expresó a EL COLOMBIANO que, con miras a que haya transparencia y trazabilidad, en la ley se incluyó que la Agencia Nacional de Minería (ANM) debe compartir información a las entidades financieras o bancarias con respecto a los solicitantes de servicios mineros.
“Esto se hará a través de un canal de consulta que va a estar dedicado a todo el tema de bancarización. También se crearon formas para que los bancos puedan verificar que son títulos o mecanismos legales como pueden ser contratos o subcontratos de operación, así las entidades podrán ver que todo esté dentro del marco de la ley para desarrollar la actividad minera, y que se cumple también con lo que se exige en materia técnica y ambiental”, apuntó Mesa.
La nueva ley también deja claro que los mineros que no sean aceptados por el sistema financiero tendrán la opción de ser recibidos por el Banco Agrario, que deberá facilitarles el servicio y el acceso a los productos financieros.
Asimismo, dicha entidad también deberá remitir la información suministrada por el minero a la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria para determinar si hubo mala fe o malas prácticas en la prestación del servicio bancario.
“La confianza no se decreta”
Carlos Andrés Mejía, CEO de Trazoro, una plataforma tecnológica para la comercialización de metales preciosos como el oro, considera que esta nueva ley es un poco “sentimental”, ya que incorpora algo que es, según él, difícil de lograr: la confianza de la banca en el sector minero, debido al riesgo que ha existido en cuanto al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción.
“La confianza no se decreta, no se impone. No se puede decretar que desde hoy se tenga credibilidad en una actividad a la cual se le ha tenido históricamente desconfianza. Esto ya ha pasado en varios sectores, como en el de juegos y azar. Los bancos no generan esa confianza de manera inmediata”, apuntó Mejía.
Así, aunque para el empresario esta ley significa un avance regulatorio que sirve de marco normativo para llevar a cabo una estrategia que vienen planeando lanzar junto con la cooperativa Confiar y Olimpia, con la cual buscan proveerle oro al Banco de la República, aseguró que aún hay vacíos que deben ser resueltos.
“Creo que se necesita hacer un plan piloto para volver operativa esa ley, donde se puedan empezar a introducir herramientas para generar confianza, porque a quien se responsabiliza de que no lleguen a funcionar las cosas es a las entidades financieras y no es una cuestión de buscar culpables. Primero hay que entender qué comenzaría a generarles esa seguridad”, añadió Mejía.
Al respecto, el ministro de Minas y Energía recordó que la ley ordena a la Agencia Nacional de Minería entregar la información con respecto a los titulares mineros o contratos de concesión u operación, lo que permitiría subsanar ese vacío que había en cuanto a falta de información.
¿Qué dicen los mineros?
Para Rubén Darío Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), para los mineros, aunque esta norma es un reconocimiento a la existencia de una minería informal y ancestral, de tipo subsistencia, esta no representa un avance muy significativo para el sector.
“Se ha impuesto una serie de requisitos discriminatorios a la hora del minero acceder a los servicios del sistema bancario. Nosotros somos un sector que le aportamos a la economía nacional, le damos casi 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) al país en un año, no nos pueden ir marginando como si no aportáramos nada. Y, lastimosamente, todavía existe una fuerte visión criminalizadora hacia nosotros”, dijo Gómez.
Y anotó que uno de los obstáculos que hay es que en muchas regiones apartadas donde se realiza minería no hay bancos ni cajeros automáticos, por lo que hizo hincapié en la necesidad de que la banca acuda a esas zonas mineras y capacite, además, a las comunidades sobre el manejo de los servicios financieros.
Por otro lado, el líder gremial también consideró como preocupante el hecho de que la banca ya pueda tener acceso a información privilegiada del sector extractivo. “Todo lo que tiene que ver con reservas económicas, personal, etc, se le informará al sistema financiero. Ahí se violenta la intimidad y el secreto de empresa. Eso llevaría a que esa información comience a circular de manera abierta y el sistema financiero tampoco está libre de la criminalidad que vive el país”, dijo.
Finalmente, desde el gremio esperan que el sistema financiero en realidad responda por la bancarización de los pequeños y medianos mineros y no descargue esa responsabilidad solo en los hombros del Estado colombiano
4.000
mineros en el país fueron bancarizados en el 2021, según el Ministerio de Minas.
