Con la llegada a Colombia de neobancos como Lulo Bank y Mercado Pago, de Mercado Libre, el sistema financiero del país comenzó a moverse de forma acelerada hacia la digitalización, lo que, a su vez, representa un reto para la banca tradicional.
Sin embargo, para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la integración de nuevos jugadores también se traduce en más competencia y en mejores costos, productos y servicios para todos los colombianos.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Hernando José Gómez, presidente del gremio, habló sobre lo que ha implicado la llegada de estas nuevas fichas al mercado, cuáles serán los temas clave en materia de política económica para el próximo año, y cuál es su opinión sobre la eliminación del 4x1.000 y la Ley de borrón y cuenta nueva.
¿Cómo se está preparando la banca tradicional tras la entrada en funcionamiento de las fintech y los neobancos?
“Las fintech fundamentalmente lo que ofrecen es algún servicio de la cadena financiera y también pueden dar créditos, pero no captan recursos del público porque trabajan con su propio patrimonio. En ese sentido, la gran mayoría de las fintech terminan siendo un complemento de la banca. Por el lado de los bancos digitales o neobancos, son compañías que tienen una gran ventaja sobre la banca tradicional, y es que empiezan sin los costos operativos que ya tienen estos últimos. Una cosa es construir una casa en un lote limpio y otra es hacer una reforma de la casa y tratar de modernizarla. Los bancos han tenido que acelerar todos esos procesos de digitalización porque actualmente el 72% de las transacciones que hacen los clientes son digitales”.
¿Cuáles son los principales temores de la banca en este momento?
“El principal temor es que en esa igualdad de prestación de servicios no haya igualdad en regulación. Es decir, que los requisitos de patrimonio, de autorizaciones y de cumplimiento de la regulación para productos iguales tienen que ser iguales. No tiene sentido que a una fintech le permitan captar recursos del público sin convertirse en una entidad financiera. No puede haber en el país lo que llamamos arbitraje regulatorio. El segundo temor es la velocidad de la transformación digital, y en ese sentido no dejar descuidada a toda esa población que, por falta de conectividad o por su perfil demográfico, le es más difícil llevarla a esos procesos digitales. No se puede dejar a nadie atrás. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo de pedagogía y educación financiera”.
¿Cuáles son los temas que serán claves en materia de política económica el próximo año en Colombia?
“El país ha venido posponiendo durante todo este siglo una serie de reformas que son críticas para la modernización y eficiencia de la economía y la productividad. Tenemos un problema urgente y es que la sostenibilidad fiscal del país no se puede dar si buena parte de la población sigue siendo informal. Ahora lo que hay que buscar es que las personas que sean pudientes paguen sus impuestos. La tarea es reducir el déficit fiscal de niveles del 7% al 2% o 3%, y eso implica que tenemos, como mínimo, un faltante de los ingresos tributarios de $20 billones anuales. La pregunta es cómo se va a conseguir ese dinero sin generar inequidad ni desincentivos a la inversión. Ese es uno de los grandes retos que tendrá de entrada el próximo Gobierno”.
Y el sistema pensional, ¿es otro punto crítico?
“Pasamos por una situación pensional crítica, porque tenemos una cobertura de un 30%; es decir, hay muy poca gente que tiene pensión o expectativa de pensión. Tenemos un sistema pensional estatal que es absolutamente inequitativo. El grueso de los subsidios del Estado se van para pensiones elevadas. Eso hay que pararlo y hay que cambiarlos. Hay que buscar es un mecanismo que garantice una cobertura mucho mayor, especialmente para quienes tienen menos capacidad de acumulación de ahorro”.
¿Cuál es su opinión sobre el 4x1.000?
“El 4x1.000 es un impuesto que va al Gobierno Nacional. Por alguna razón, la gente se quedó con la idea de que este es un dinero que es para los bancos. Eso es totalmente falso. Ese dinero es un impuesto que recauda el Ministerio de Hacienda para la financiación del Presupuesto Nacional. Sin embargo, somos conscientes de que ese es un impuesto antitécnico porque genera que muchas personas no quieran estar bancarizadas. Entonces eso evita que quieran meter plata en las cuentas, es decir, se deja de tener un dinero que podría utilizarse para otorgar más créditos. Así que, indudablemente, hay que buscar alguna fórmula para sustituirlo por otros tipos de impuestos”.
¿Y sobre la Ley de borrón y cuenta nueva?
“Nosotros estuvimos en la discusión en la que mostramos que el 90% de los reportes en las centrales de riesgos son datos positivos para la gente. Y es gracias a eso que la gente tiene acceso al crédito. Aquí no podemos estar legislando solo para el 10% que tiene reportes negativos. También somos conscientes de que si la gente no paga no es porque no quiera sino porque no puede. Eso está bien. Pero también los bancos necesitan tener un análisis de riesgo adecuado para proteger el ahorro de sus clientes, porque finalmente el 85% del dinero que la banca presta es de los ahorradores colombianos, así que tiene un deber con ellos de colocar esos recursos de la manera más segura posible. Por esa razón es importante que sepamos quién tiene capacidad de crédito y quién no”
