“Ayer, señor presidente, el sector de la infraestructura vivió un momento de zozobra. En efecto, algunos medios de comunicación revelaron una noticia en el sentido de que la institucionalidad y el marco normativo alrededor del modelo de concesiones no sería preservado”, así inició su discurso Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en la apertura del 20 Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena.
Se estaba refiriendo al presidente Gustavo Petro, quien estaba en el recinto esperando para responderle. A la entrada nadie había querido aplaudir al mandatario y el ambiente estaba tenso.
Los rumores se habían incrementado esta semana, supuestamente el Gobierno convertiría al Invías en el Instituto Nacional de Vías Rurales (Invir) y le encargaría la construcción de las vías terciarias, junto a las comunidades y a los batallones de ingenieros de la Fuerza Pública.
Además, se decía que la Agencia Nacional de Infraestructura pasaría a ser la Agencia Nacional de Infraestructura Social y se encargaría de construir colegios y hospitales. De acuerdo con los rumores, se acabarían las concesiones viales.
Sin embargo, Caicedo aseguró que en conversaciones recientes con ministro de Transporte y altos funcionarios del ramo, “se hace evidente que el Plan Nacional de Desarrollo, de su propio gobierno, plantea robustecer el intermodalismo, la infraestructura social y las vías comunitarias, justamente, a través de esa misma institucionalidad”.
Al respecto, hay muchas preocupaciones, pues el panorama económico no luce alentador. De acuerdo con el Dane, la economía colombiana decreció 0,3% en el tercer trimestre de 2023, y específicamente el subsector de obras civiles cayó un 15%.
“De ahí, el imperativo de reconocer al sector de la infraestructura, como bastión principalísimo de la reactivación económica. Efectivamente, un incremento de la inversión en infraestructura del 1,6%, a través del modelo de APP, genera un crecimiento adicional del PIB superior al 2%, tal como lo ha dicho Fedesarrollo. Lo anterior solo es posible, entonces, preservando la confianza de los inversionistas y financiadores, mediante condiciones que garanticen la seguridad jurídica”, dijo Caicedo.
A su turno, el presidente Gustavo Petro aseguró que no es cierto que vaya a desaparecer la ANI, ni que se vayan a acabar las concesiones viales.
“En beneficio de Juan Martín y su discurso, cuando empiezan a adelgazarse las capacidades del Estado, las figuras de las concesiones toman importancia, como un mecanismo alternativo para financiarse. Los contratos ya firmados van a ser honrados, no se van a acabar. Nosotros no estamos pensando en acabar la ANI, sino fortalecerla a lo Mazzucato”, dijo el mandatario, refiriéndose a la economista Mariana Mazzucato.
Un problema de plata
El presidente fue enfático en que la Corte Constitucional le descuadernó las cuentas, al declarar inexequibles algunos artículos de la reforma tributaria.
“La Corte Constitucional quitó $6,5 billones de ingresos el año entrante, eso tiene un impacto, eso me deja la responsabilidad de saber qué hacemos. Coincide con que se cobra la primera cuota del crédito flash al Fondo Monetario Internacional. Debemos subir el pago de la deuda de 70 a $96 billones, y $6,5 billones menos de ingresos. Tenemos que mirar por dónde recortamos para que el golpe no sea mortal para Colombia. Es lo que llamamos la tormenta perfecta, no debió ocurrir y ya lo había advertido”.
Y agregó: “El presidente acata las decisiones siendo coherente con la constitución que ayudamos a construir, pero eso no borra la tormenta”.
¿La solución? El presidente dijo que no quiere reducir la inversión, que elevó para 2024 a $96 billones, en lo que él mismo llamó su terquedad; tampoco puede reducir el pago a la deuda, entonces solo le queda el funcionamiento.
“No sé cómo, pero el próximo año no pueden subir en el país los altos salarios del Estado, sería un suicidio económico, todas las ramas del poder público y las entidades descentralizadas, lo que ayudará en parte. Los recortes, inicialmente, se harán en los gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, ojalá no tengamos que llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”, señaló Petro.
La infraestructura que quiere el Gobierno
El mandatario aseguró que lo que quiere hacer con el sector de infraestructura es dejar de pensar que infraestructura es carretera, pues considera que debe ser también sedes educativas, conectividad de fibra óptica e infraestructuras de transición energética, que le apunten a la nueva era descarbonizada.
“Hay muchos espectros de la infraestructura que podemos trabajar en una alianza (entre) comunidad, gobierno y pequeña empresa”, aseguró el presidente.
Sobre los peajes
A propósito de seguridad jurídica, Juan Martín Caicedo aseguró que “la decisión de congelar las tarifas de los peajes viales en enero del presente año ha significado un duro revés para la confianza del mercado, de los inversionistas y de los financiadores nacionales y extranjeros, que creyeron y apostaron, justamente, por el modelo de APP en Colombia”.
Y agregó que, “garantizar las fuentes de ingresos de los proyectos de APP, se convierte en una condición, más que necesaria, para mantener la inversión del sector privado en la infraestructura pública. La certeza jurídica, en efecto, y la estabilidad en las reglas de juego, despejaron el camino, desde los 90, a la inversión privada y el desarrollo de ambiciosos proyectos de infraestructura”.
Cálculos de Fedesarrollo estiman que sin los peajes, los gobiernos recientes difícilmente habrían podido acometer las obras que han enmarcado esta revolución de 30 años. “Seguramente el Estado se habría visto obligado a hacer recortes en educación, salud, vivienda, seguridad o justicia. O lo más preocupante: habría tenido que tramitar —tal como lo ha establecido Fedesarrollo—, no menos de 5 o 6 reformas tributarias de $20 billones cada una. Todo, bajo el inconveniente de que terminarían pagando las obras cada uno de los colombianos, incluso aquellos que no usan la infraestructura”.
Con respecto a los peajes, el presidente Petro señaló que “al recargar el peaje por la carga se vuelve insostenible, porque es mucha carga sobre la carga, que son los productos que consumen todos los colombianos. La valorización podría ser una opción, yo lo sé hacer, en Bogotá lo hice, hay que tratar de que la Nación aprenda a hacerlo”.
Y advirtió que no todas las carreteras aguantan la valorización, no vamos a cobrarle a los que no pueden, “generaríamos una gentrificación al rededor de las carreteras. Con la valorización hay que tener los estudios claros de quiénes pueden hacerlo y descargar a los transportadores”.
Vías terciarias
El líder gremial pidió al mandatario que deje participar a las empresas del sector en la construcción de las vías terciarias y comunitarias, con el concurso de los centenares de pymes de ingeniería.
“Si de lo que se trata, es de avanzar con éxito en este propósito, despejemos, tomados de la mano, el imperativo que sin duda usted y nosotros compartimos, en el sentido de evitar que la reciente creación del Invir pueda derivar en contrataciones directas mal habidas, e incluso en obras fallidas por sumas muy cuantiosas. Para hacer el quite a dichos riesgos, planteamos al gobierno la opción de que las pymes de ingeniería -68.000 en todo el país- estrechen lazos con las comunidades, y avancen de la mano y con éxito, de cara al gran reto de los caminos veredales y las vías terciarias. Sería conducente, por lo demás, una veeduría, eminentemente técnica, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, dada su condición de órgano consultivo del gobierno.
Al respecto, el presidente Petro aclaró que “no vamos a acabar con la ANI, no vamos a acabar con Invías, vamos a crear el Instituto de Vías Rurales para desarrollar algo que está en un 90% deteriorado, que es la vía vecinal que tiene mucho que ver con la actividad campesina y queremos hacerlo con la organización comunal”.
