Por eso, señaló que estará atenta a la discusión sobre las inconsistencias que habría dentro del presupuesto y el impacto que podrían tener en la capacidad de pago de las entidades públicas que desarrollan proyectos financiados con vigencias futuras.
Fitch hizo hincapié en un pronunciamiento que esta semana realizó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en el que resaltó la incertidumbre sobre el futuro de la primera línea del metro de Bogotá, el metro de la 80, de Medellín, o y el Túnel del Toyo.
La calificadora apuntó con nombre propio y afirmó que cualquier incumplimiento de asignación en el presupuesto de las vigencias futuras o incluso el giro inoportuno de esa plata podría aumentar la percepción de riesgo sobre compañías como la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra Ltda; Metro de Bogotá SA; o Transmilenio SA.
Empresarios advierten
Las declaraciones de la agencia también responden a lo dicho por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien afirmó que el presidente Gustavo Petro ha pedido un ejercicio de “priorización”, por lo que se podría empezar una renegociación de las vigencias futuras dependiendo del avance de los proyectos y las necesidades de este año.
En ese sentido, y casi que al mismo tiempo que Fitch, el Consejo Gremial Nacional (CGN) le llamó la atención al Gobierno sobre las consecuencias de esta postura. “No solo afectaría a los proyectos y sus operadores y constructores, sino que puede causar un gran daño a la confianza que el Estado colombiano le genere a los mercados nacionales e internacionales, con inmensos riesgos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados”.
Para el CGN, que agrupa a los principales gremios del país, esta pérdida de confianza tendrá efectos muy negativos al momento de desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público privados, “que irán en detrimento del país”.
Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó que ya se están viendo algunas afectaciones como la suspensión de los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267.000 millones, al no ser posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.
Precisó, además, que la ANI y el Invías no han podido contratar a cerca de 1.000 contratistas, y que otros proyectos que se afectarían son San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, o la Conexión Alta Guajira.
Las cuentas que no cuadran
En el caso de Antioquia, el impacto sería sobre un paquete de hasta 15 obras, y al metro de la 80 y el Toyo se suman Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1 o Mar 2, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.
Para verlo en cifras, en el Presupuesto 2024 no quedaron contemplados los $483.136 millones que inicialmente se habían previsto para el metro de la 80; $340.000 millones para el Toyo; $378.862 millones para Pacífico 1; $393.301 millones para Pacífico 3; o $518.071 millones para Mar 2.
Al echar un vistazo a la billetera estatal de este año se observa que la mayor parte de los recursos para inversión que hoy no tienen una destinación específica corresponden a la ANI, y están en el orden de los $7,15 billones; en el caso del Invías son $3,26 billones.
Mientras tanto, en el MinHacienda, las partidas para transporte masivo ($1,67 billones) y para transporte férreo ($351.000 millones) tampoco tienen un objetivo específico. Mientras que, en el MinEducación, hay $559.000 millones de infraestructura educativa en veremos.
Para la presidenta de la Cámara Colombo Americana, Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, los ajustes en las cuentas nacionales que tenga que hacer el Gobierno no deben “castigar los proyectos que, precisamente, generan dinamismo en la economía, como la infraestructura, grandes vías y construcción de vivienda”.
Por eso, hizo un llamado para que dentro del ejercicio de priorización que ha mencionado el Ministerio de Hacienda se dé la importancia que tienen los mencionados sectores en términos de “generación de empleo y el movimiento de la economía a través de la compra y venta de insumos y servicios para su puesta en marcha”.
