Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, es una voz autorizada para hablar sobre la coyuntura económica en Colombia. En esta ocasión dialogó con este diario y explicó que el Gobierno no podrá pasar la ley de financiamiento o reforma tributaria por decreto.
Sostuvo que sí puede decretar el Presupuesto General de la Nación para 2025, solo si el Congreso no da luz verde, para lo cual tiene un plazo hasta octubre.
Asimismo, habló del panorama económico en Colombia y mencionó tres retos que tendrá el Gobierno Petro para consolidar el crecimiento económico: la reactivación de la inversión privada, enviar mensajes de certidumbre y superar el desabastecimiento de energía y gas.
¿Esta ley de financiamiento no recogería lo prometido?
“Hay cerca de $5 billones que no provienen de recaudo, sino que es un espacio adicional de gasto producto de una modificación de la regla fiscal que permitiría tener un gasto por encima de lo que había planteado el Gobierno. Y los $7 billones restantes, para llegar a los $12 billones, corresponden a cerca de $1,5 billones que provienen de algo que el Gobierno llamó medidas para mejorar la operatividad tributaria, pero realmente hay inquietudes sobre si eso se pueda hacer. Estamos hablando de una reforma que recaudaría ingresos adicionales por 5,5 billones y no los 12 que se habían hablado”.
¿Es buena idea hacer una nueva tributaria?
“Lo que ratificamos desde Fedesarrollo es que es inconveniente pensar en una nueva reforma tributaria en este momento y con una economía que apenas está empezando su periodo de recuperación con un crecimiento muy lento y en la cual los hogares están todavía recibiendo los efectos de la última tributaria del 2022”.
¿El Gobierno tuvo que hacer recortes presupuestales este año, pasaría lo mismo para 2025?
“Advertimos desde Fedesarrollo que el presupuesto de 2024 tenía unos riesgos. Estaban relacionados principalmente con cerca de $15 billones que el Gobierno había dicho que iba a recaudar a través de litigios por parte de la Dian. Eso requería un proyecto de ley que debía ser aprobado por el Congreso, pero eso nunca cumplió sus trámites y no se recogieron esos recursos, que anticipamos que eran de difícil recaudo. Ocurrió que en julio, el ministro de Hacienda anunció un recorte de $20 billones. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo para el presupuesto de 2025, si se aprueba el monto como está, muy seguramente en julio del próximo año, el ministro tendrá que anunciar un recorte. Pero el congreso tiene claro eso y por eso, a diferencia del año pasado, en este caso hay más conciencia de los problemas que genera un presupuesto inflado”.
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¿Cuánto debería recortarse del presupuesto?
“La recomendación que respetuosamente le dimos al Gobierno y al Congreso es que el presupuesto debe recortarse en $26,6 billones, esta es la suma de dos cifras: la primera los recursos de la ley de financiamiento, y los $14, 6 billones adicionales que el Gobierno incluyó como potencial recaudo adicional por encima de lo que ya había estipulado en el marco fiscal, presentado en julio de este año”.
El Gobierno dijo que lo va a pasar por decreto, ¿realmente hay esa posibilidad?
“Hay que recordar cómo funciona el ordenamiento jurídico en materia presupuestal, el Congreso de la República tiene tres meses después del inicio de la legislatura para aprobar la ley del Presupuesto General de la Nación, es decir, la fecha máxima es el 20 de octubre de este año, si a ese plazo no se ha expedido la ley por parte del Congreso, el Gobierno a partir del 21 de octubre puede expedir un decreto con fuerza de ley y con base en el Presupuesto que presentó o el que haya sido aprobado en el primer debate con las comisiones económicas conjuntas; sin embargo, es importante mencionar que, si bien, el Gobierno tiene esa posibilidad, lo que no puede hacer es expedir la ley de financiamiento o reforma tributaria por decreto, así que si el Gobierno se ve en la necesidad de expedir el presupuesto, en cualquier caso, tendría que recortar al menos 12 billones, de la ley de financiamiento, porque muy seguramente el Congreso no estaría en disposición de aprobar esa reforma”.
Y, aun así, ¿seguiría desfinanciado el presupuesto?
“Así es, y ahí sí se podría empezar a discutir eventualmente algunas de las medidas en materia tributaria que planteó el Gobierno, por ejemplo, nos parece interesante la propuesta de introducir un IVA para los juegos de suerte y azar digitales, que hoy no tienen, a diferencia de los esa simetría genera una inequidad tributaria y ahí el Gobierno plantea recoger cerca de 2 billones. Hay algunas medidas razonables que pueden mejorar la financiación del presupuesto, pero no creo que deba ser todo el conjunto para una ley de financiamiento”.
Reactivación económica
¿Ya se comenzó a reactivar económicamente el país?
“Sí tenemos ya un rebote de la economía, porque recordemos que el año pasado se estancó, tuvo un crecimiento apenas del 0,6% y este año en primer semestre tuvimos 1,5% y la inflación viene cayendo, el año pasado cerramos en 9,28% y este año ya estamos en alrededor del 6%. ¿Cuál es el problema?, que las cifras de inversión siguen siendo muy malas, la tasa de inversión hoy es cercana al 17% del PIB, esto es una cifra muy por debajo de la que se tuvo antes de la pandemia y esas caídas de la inversión, que se han profundizado en los últimos dos años, son una mala noticia para la capacidad de crecimiento económico. Si la tasa de inversión no sube al 20 o 22% del PIB y se mantiene en los niveles actuales, el crecimiento económico va a ser muy similar al que vemos actualmente, 1,5% o 2% y no lo que se requiere para reducir el desempleo y la pobreza que son del 3,5% y 4%”.
¿Cree que el Gobierno tiene problemas de comunicación y genera incertidumbre?
“Claro que sí, hay un inconveniente desde el punto de vista de algunos mensajes. Justamente nosotros publicamos mensualmente un indicador de incertidumbre, en el mes de agosto subió rápidamente producto de varios factores, mensajes del Gobierno sobre una nueva reforma tributaria, los del mes de agosto de inversiones forzosas y el presupuesto. Hay tiempo para corregir, es importante que el Gobierno reconozca que esos elementos generan incertidumbre, generan problemas para la inversión y que, por ende, puede mejorar esos mensajes para que crezca la inversión en el país”.
¿Ve un mejor panorama para el 2025?
“Sí, el 2025 va a ser mejor que este año, seguramente el crecimiento estará en un 2%, la inflación también continuará cayendo, es probable que esté en niveles del 4,5% a cierre de 2025, indudablemente, las cifras macro serán mejores, pero más allá es si será posible retomar los niveles de crecimiento de largo plazo que tenía Colombia, porque, ratifico, nuestro escenario de crecimiento es un 2% o máximo 2,5% que es bastante inferior al 3%, que es el promedio histórico de Colombia, y ahí está el reto fundamental, cómo retornar a niveles más rápidos de crecimiento económico”.
¿Qué crecimiento tendría que lograr Petro para entregar un país recuperado en 2026?
“Sería deseable, que se entregue el país con tasas de inversiones más altas que las que hay actualmente, ojalá llegando a niveles del 20% del PIB, que tengamos unas tasas de desempleo por debajo del 10%, con una inflación del 3% y un crecimiento económico cercano al 3,5%”.
¿Hay algo que le preocupe económicamente para estos dos años?
“Más allá del tema de la inversión, que es el tema más determinante desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento, sí creo que hay otros temas que jugarán un rol fundamental para la política económica del país. Tiene que ver con el abastecimiento de la energía y el gas. Hay anuncios sobre escasez de gas para el próximo año y 2026, también algunos escenarios de demanda están viendo por el lado de la energía que para el último trimestre de 2025 y 2026 va a estar apretada esa disponibilidad de energía en firme. Y la energía, el gas y el agua son esos bastiones fundamentales para mantener una economía que circule y produzca. Será un tema de álgido debate en estos dos años que restan, cómo evitar que tengamos escenarios eventuales de racionamiento de gas y energía, que serían muy perjudiciales para la economía, con impactos negativos para las empresas y para los hogares del país”.
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