De acuerdo con la Fiscalía y la Dijín, al menos 17 personas, entre ellos altos ejecutivos, tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado, por presuntamente orquestar un esquema delictivo que permitía la exportación de crudo venezolano que estaba sancionado por Estados Unidos, aprovechando el petróleo que era robado por el ELN del oleoducto Caño Limón Coveñas.
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A estas personas se les incautaron bienes por 1,3 billones de pesos representados en 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio.
Y una vez estas investigaciones fueron recogidas por medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro reclamó: “Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos al estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol”.
Pero, ¿a quiénes se refiere el mandatario?
Las primeras denuncias públicas las hizo hace un año la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En un extenso reportaje dio cuenta de que la Policía Nacional rastreó 13 operaciones ilegales para descubrir una red de contrabando que habría abierto una ruta ilegal para llevar crudo venezolano al exterior.
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Más adelante, las autoridades se dieron cuenta que en los cargueros colombianos no solo salía petróleo venezolano, que está sancionado, sino que también terminaban exportando el crudo que la guerrilla se robaba del oleoducto.
La Fiscalía reveló que entre los capturados, que fueron imputados por varios delitos, están: Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos, señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización; Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa quien, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado de los combustibles; y Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.
Y entre las empresas investigadas está, como reveló Noticias Caracol hace un año, Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con sede en Ámsterdam, dedicada a los negocios de energía y al comercio, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.
Por otra parte, y de acuerdo con el periódico Vanguardia de Santander, también estaría implicada la empresa Niman Commerce S.A.S., proveedora de Gunvor Colombia, representada por Hernando Silva Bickenbach, integrante de una prestigiosa familia colombiana. La evidencia señala que el empresario tendría pleno conocimiento de que su empresa Niman Commerce S.A.S. no tenía autorización del ministerio de Minas y Energía para la comercialización de crudos.
Según información recopilada por Asuntos Legales de La República, otro de los implicados sería Roger Gale Gutiérrez, directivo de Gunvor Colombia a quien señalan de introducir el hidrocarburo a Colombia a través de C.I. La Operadora S.A.S.
Gale es ingeniero comercial de la sociedad Gunvor Colombia S.A.S. y fue señalado de diseñar la estrategia para evadir los controles de las autoridades para mover el hidrocarburo ilegal, exportándolo en cantidades superiores a 1.000 galones, declarándolo como producto importado de crudo residual, cuando en realidad era crudo liviano.
La exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla sería otra de las implicadas, se trata de Paola Margarita Martínez, quien actuaba como agente almacenador de hidrocarburos y sus derivados dentro de la zona franca de Barranquilla. Sobre ella, el escrito de acusación señala que se concertó con Silva Bickenbach y con otros, con el fin de generar un acuerdo orientado a fortalecer la empresa llamada Bukering Imperio.
