La región del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc han dejado un saldo devastador: al menos 80 personas fallecidas y más de 11.000 desplazadas, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Ante esta alarmante situación, el presidente Gustavo Petro anunció ayer la declaratoria de estado de conmoción interior y emergencia económica. “Espero del poder judicial su apoyo”, señaló el mandatario a través de su cuenta de X.
Sin embargo, hasta el momento no se conocen los decretos que regirán las disposiciones de esta medida excepcional.
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¿Qué implica la emergencia económica?
Este mecanismo, contemplado en el artículo 215 de la Constitución, permite al Gobierno actuar de manera extraordinaria ante situaciones que amenacen gravemente el orden económico, social o ecológico. Bajo esta figura, el presidente puede emitir decretos con fuerza de ley por periodos de hasta 30 días, con un límite total de 90 días.
La última vez que se declaró una emergencia económica fue en 2023, también por parte del presidente Petro, para atender la crisis en La Guajira. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó esa declaratoria al considerarla injustificada.
En esta ocasión, el estado de emergencia busca facilitar recursos extraordinarios, subsidios y programas específicos para atender a las comunidades afectadas por la ola de violencia.
La respuesta estatal a la crisis humanitaria
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha activado un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta a la crisis. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, aseguró que ya se han dispuesto 1.000 colchonetas para los desplazados, y se evalúan otras formas de asistencia humanitaria.
“Nuestra misión incluye el apoyo logístico y operativo, aunque no gestionamos directamente la ayuda para población desplazada”, precisó Carrillo.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas lidera la entrega de asistencia humanitaria. Sin embargo, el desafío logístico es enorme, y las autoridades han hecho un llamado a coordinar envíos de manera escalonada para evitar la saturación de los espacios de almacenamiento.
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La escalada de violencia también ha tenido consecuencias políticas. Los diálogos entre el Gobierno y el Eln, que ya estaban congelados desde 2024, han quedado prácticamente suspendidos tras los ataques en el Catatumbo.
“El impacto humanitario y social de esta confrontación es enorme. Es urgente que las partes en conflicto consideren los efectos devastadores que están dejando en la población civil”, señaló el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Mientras tanto, las comunidades afectadas claman por soluciones inmediatas.
¿Qué implicaciones tiene declarar emergencia económica?
En cualquier caso, declarar el estado de conmoción interior o una emergencia económica no es una decisión que el Gobierno Petro pueda tomar a la ligera.
Como se dijo anteriormente, estas medidas deben pasar por el análisis jurídico de la Corte Constitucional, que ya tumbó un intento similar en diciembre de 2023, cuando el presidente quiso decretar una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
La figura de emergencia económica no es nueva en el país. El expresidente Iván Duque la utilizó en 2020 para enfrentar la llegada del Covid-19, y antes de él, Juan Manuel Santos la declaró en varias ocasiones: en 2010 y 2015 por emergencias invernales, en 2017 por el desastre natural de Mocoa, y también por la crisis migratoria venezolana.
Según el artículo 215 de la Constitución, el presidente, con la firma de todos los ministros, puede decretar un Estado de Emergencia por periodos de 30 días, hasta un máximo de 90 días en el año calendario. Esto le da la facultad de emitir decretos con fuerza de ley para afrontar la crisis y evitar que sus efectos se agraven.
Estos decretos, como lo indica la Constitución, deben estar relacionados de manera directa con la emergencia y pueden, de manera temporal, crear nuevos impuestos o modificar los existentes para financiar las medidas necesarias.
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