Luego de que se especulara en redes sociales que la Corte Constitucional habría declarado inexequible la Ley 1943 de 2018, conocida como Ley de Financiamiento, el alto tribunal negó dicha información.
En un concreto comunicado, el alto tribunal indicó que “aún no se ha tomado decisión alguna” relacionada dicha ley y que “en sesión de la sala plena del 10 de septiembre pasado decidió solicitar pruebas adicionales y aplazar la decisión para octubre próximo”.
En contexto: Vargas Lleras demandó la Ley de Financiamiento
Por su parte, este miércoles, en entrevista con la emisora Ondas de Ibagué, el presidente Iván Duque aseguró que la ley cumple con los principios constitucionales de progresividad y equidad.
“Además, la norma tiene los buenos fundamentos técnicos que se mantengan vigentes para que sigamos haciendo de Colombia un país que crece por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional y que se consolide como uno de los lugares más atractivos para la inversión”, señaló el mandatario
Duque también afirmó que la Ley de Financiamiento ha sido muy beneficiosa para el país porque es la primera vez que una ley hace una reforma fiscal donde les baja la carga a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Según el jefe de Estado esta ley recauda más cobrándoles a las personas que realmente tienen un ingreso por encima al de todos los colombianos promedios, pero además fortalece la Dian, y le da incentivos al emprendimiento en los sectores de tecnología, creativos y agropecuarios.
Adicionalmente, el mandatario dijo que los beneficios se están viendo con la dinámica de inversión que del país, reflejado en el crecimiento de la inversión extranjera en 24 % durante el primer semestre del año.
“Nosotros creemos que todos estos beneficios que vienen consigo en la Ley de Financiamiento se deben mantener por el bien de nuestro país”, agregó Duque.
Luego de que varios ciudadanos pidieran a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de Financiamiento, el tribunal pidió conceptos técnicos a entidades como la Contraloría, el Ministerio de Hacienda y alrededor de 10 universidades para determinar las consecuencias de hundirla o mantenerla.
