La Contraloría General de la República determinó nueve hallazgos fiscales al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), de los cuales dos tienen incidencia fiscal por un valor de $1.970 millones; tres tienen alcance disciplinario y uno da lugar a una indagación preliminar, por $391 millones.
De acuerdo con el ente de control, se identificaron importantes irregularidades durante la vigencia 2023.
En primer lugar, se detectaron cuatro retiros fraudulentos de cesantías por canal presencial en el punto de atención de Barranquilla, por un total de $252 millones.
Estos retiros se realizaron mediante la suplantación de identidad del consumidor con documentos falsos, lo que evidencia, según la Contraloría, fallos en los procedimientos de verificación y control.
De otra parte, se reportaron 27 casos de retiros fraudulentos de cesantías por canal virtual, realizados mediante la actualización indebida de datos personales, lo que permitió transacciones no autorizadas por un valor de $391 millones.
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Frente a este caso, el ente solicitó la apertura de una indagación preliminar para establecer los presuntos responsables de estas irregularidades.
Adicionalmente, la auditoría reveló deficiencias significativas en la gestión de cobro de créditos hipotecarios, con un hallazgo que asciende a $1.717 millones debido a 15 obligaciones prescritas.
“Estas deficiencias se deben a la falta de ejecución de la acción cambiaria y de la cobranza judicial dentro del plazo legal de tres años. Entre las debilidades encontradas se destaca la ausencia de la totalidad de los títulos valor necesarios para iniciar el cobro judicial y la falta de aplicación de procedimientos establecidos para la cancelación y reposición de títulos valor”, explicó el organismo.
En conclusión, agregó, el FNA no realizó la gestión de cobro judicial por no contar con garantías de los créditos hipotecarios señalados. Esto, debido a deficiencias en la ejecución de los procesos relacionados con la constitución, custodia y control de garantías.
Garantías que no se pueden hacer efectivas
Respecto de las garantías de créditos hipotecarios y educativos, identificaron un hallazgo con incidencia disciplinaria dado que existen 468 obligaciones de créditos desembolsados entre el año 1993 y 2023, con un saldo a capital de $21.159 millones, de las cuales el FNA no posee la totalidad de las garantías en custodia física (escrituras, pagarés, carta de instrucciones, entre otros).
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De estas obligaciones, 464 corresponden a créditos hipotecarios y cuatro a créditos educativos.
Tal situación, dijo el ente, genera un riesgo en la recuperación de dichos recursos al no poder hacer efectivas las garantías por ausencia de las mismas.
