Un nuevo capítulo en los procesos contra la cartelización empresarial abrió la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al multar a las empresas Colombiana Kimberly Colpapel y Grupo Familia y a sus filiales en Ecuador, por haber infringido, presuntamente, el régimen andino de competencia en el mercado de papeles suaves.
La decisión contenida en la Resolución 2006 de mayo de 2018 (que se conoció ayer) obedece a que la investigación “encontró una conducta de concertación de precios”, que habría ocurrido entre enero de 2006 y, por lo menos, hasta diciembre de 2013, “originada por Kimberly y Familia en Colombia con efectos en el mercado ecuatoriano”.
El Artículo 6 de la Resolución señaló que Productos Familia (Colombia) y Productos Familia Sancela del Ecuador deben cancelar 16,85 millones dólares (47.803 millones de pesos con una tasa de cambio del dólar de 2.835,78 pesos).
Tras ser notificada de la determinación, Productos Familia explicó en un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera que la sanción impuesta es equivalente al 3,5 % de sus ventas.
No obstante, la compañía puede recurrir la decisión ante la misma CAN o solicitar su nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
EL COLOMBIANO intentó obtener más detalles de este caso con las directivas de Familia, pero la empresa indicó que no haría referencias diferentes a las expresadas en el comunicado.
Para Colombiana Kimberly Colpapel y su asociada Kimberly Clark del Ecuador la multa fue de 18,34 millones de dólares (52.022 millones de pesos con una tasa de cambio del dólar de 2.835,78 pesos).
Una división
Al comentar la decisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, manifestó que el organismo regional acogió la tesis de que lo que hicieron las compañías en Colombia tuvo efectos en Ecuador.
“A juicio de la CAN se trató de un cartel con efectos subregionales, es decir, con efectos no solo en un país sino en la subregión andina (efectos transfronterizos). O sea, que el cartel además de Colombia era un cartel andino”, mencionó.
Mientras la SIC y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Perú (Indecopi) opinaron que lo que había era un cartel en Colombia y otro en Perú con efectos nacionales y no un cartel regional, su pares de Bolivia y Ecuador consideraron que sí hubo un cartel Andino y recomendaron la penalidad, según se cita en la resolución. El desempate estuvo a cargo de Walker San Miguel Rodríguez, secretario de la CAN.
La Resolución 2006 también señaló que las multas impuestas estuvieron en rangos de 41,4 % y 35,1 % de las sanciones máximas que se pudieron aplicar, e insta a las compañías a adoptar las medidas correctivas para asegurar que este tipo de conductas no se repitan (ver Dicen de).
Para el exsuperintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, la actuación de la CAN generará controversia por mucho tiempo, porque Familia y Kimberly reconocieron en el país, mediante un programa de delación, que incurrieron en una práctica anticompetitiva. “Lo que surge ahora es que tras recibir la multa de la SIC las empresas vuelven a ser sancionadas, entonces la duda que surge es sobre qué estamento era el competente para adelantar las investigaciones y aplicar las multas: ¿la superintendencia o la CAN?”
A su turno, Mauricio Escobar, gerente de la empresa Escobar Salas Consultores, consideró como un aspecto positivo que el sistema jurídico de la CAN funcione y aplique sanciones a las empresas que incurren en prácticas anticompetitivas.
“Desde el punto de vista económico también hay que resaltar que se castigue a las compañías. Y desde lo ético y lo moral sigue siendo muy complicado que a las empresas les sigan comprobando la realización de este tipo de prácticas”, expresó el asesor empresarial, quien se declaró partidario de un aumento en las sanciones que se impongan por estas actuaciones.
