El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) prendió las alarmas: sin las llamadas Transacciones de Única Vez (TUV), el Gobierno nacional no habría cumplido con la regla fiscal en 2024, y para 2025 necesita ajustar sus cuentas en al menos $46 billones (2,6% del PIB) para no quedar en números rojos.
El informe más reciente del Carf confirma una realidad incómoda: el déficit fiscal del año pasado alcanzó el 6,8% del PIB, la deuda escaló al 60%, y el recaudo tributario fue $71,2 billones inferior a lo previsto.
En otras palabras, las finanzas públicas están en terreno frágil y los desafíos para corregir el rumbo son monumentales.
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El panorama para 2025 no es menos retador. El Gobierno estima un déficit de 5,1% del PIB y una deuda que aún no converge a la meta del 55%.
Sin embargo, el Carf pone en duda la proyección de ingresos tributarios del Ejecutivo y advierte sobre la creciente carga del pago de intereses: uno de cada tres pesos recaudados se destinará a cubrir deuda.
Para entender el alcance de este diagnóstico y explorar posibles salidas, hablamos con Astrid Martínez Ortiz, presidenta del Carf.
¿Se cumplió o no la regla fiscal en 2024?
“Según el Gobierno, se cumplió con la regla fiscal gracias a un recorte de gasto de $28 billones, de los cuales $20 billones tuvieron impacto fiscal, y a la aprobación de transacciones de única vez (TUV) por $31,9 billones. Sin embargo, el Carf solo dio concepto favorable sobre $5,7 billones. La diferencia radica en que el Gobierno considera que la reducción del recaudo fue un evento sobreviniente, mientras que nosotros creemos que era previsible. De no haberse aprobado las TUV en su totalidad, el balance primario neto estructural hubiera quedado en -1,8% del PIB, por debajo del límite permitido por la regla fiscal”.
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Ustedes dejan claro en su informe que esas TUV fueron un mecanismo para el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Si se eliminan, el hueco fiscal es más evidente?
“Nosotros no hemos usado esos términos. Lo que hemos dicho es que la regla fiscal contempla tres instrumentos de flexibilidad: el ciclo económico, el ciclo petrolero y las transacciones de única vez. El ciclo económico otorgó un margen porque el crecimiento del PIB en 2023 fue solo del 0,6%, menor al esperado. El ciclo petrolero también generó un espacio, ya que los precios no cumplieron con las proyecciones iniciales. Sin embargo, las TUV deben cumplir ciertos criterios: deben ser transacciones que no impacten las finanzas públicas a futuro y deben ser eventos sobrevinientes. El Carf consideró que algunos de los rubros propuestos no cumplían con estos requisitos”.
Con un déficit de 5,1% del PIB y una deuda de 60,6% del PIB para 2025, ¿no es esto un fracaso tras varias reformas tributarias?
“Para analizar el panorama completo, hay que ver tanto los ingresos como los gastos. La deuda ha crecido desde la pandemia y su servicio se ha vuelto más costoso. En 2025, uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destinará al pago de intereses, lo que limita el espacio para la inversión y el gasto social. Además, la reforma tributaria de 2022 se vio afectada por una decisión de la Corte Constitucional que eliminó la no deducibilidad del pago de regalías, reduciendo la recaudación esperada. Este es un factor adicional que ha complicado la consolidación fiscal”.
Ministerio de Hacienda quiere insistir en otra reforma tributaria. ¿Es el camino adecuado?
“El ajuste de $46 billones que proyectamos para cumplir con la regla fiscal puede lograrse aumentando ingresos o recortando gastos. Si el Gobierno insiste en una reforma tributaria, debe asegurarse de que sea efectiva y no afecte la actividad económica. También existe la opción de reducir el gasto, pero eso requiere decisiones políticas difíciles, como revisar las transferencias a las entidades territoriales o reducir beneficios fiscales”.
Con ese hueco de $46 billones, el Gobierno parece repetir el mismo error al proyectar cifras de recaudo demasiado optimistas para el 2025. ¿Por qué insiste en esas metas?
“Ellos no ven ese hueco de $46 billones. Hay una diferencia entre las proyecciones que hacemos nosotros en el Carf y las que hace el gobierno. Nuestra diferencia principal está en la proyección de ingresos, en especial por la gestión de la deuda, un tema que ha sido objeto de discusión con el Ministerio de Hacienda en los últimos meses.
El Gobierno insiste en que la Dian puede aumentar el recaudo gracias a nuevos recursos, más personal e instrumentos tecnológicos que han sido financiados por apoyo multilateral desde 2021. Y todos los años la historia se repite: la Dian dice “ahora sí tenemos todo listo para mejorar la gestión” y promete un recaudo adicional, pero seguimos viendo evasión, elusión y cartera pendiente”.
Aun así, hay optimismo del Gobierno por reducir el déficit fiscal, que bajaría del 6,8% al 5,1% del PIB...
“Es una señal positiva para los mercados. También estamos viendo una recuperación en el crecimiento económico, que pasó de 0,6% en 2023 a 1,7% en 2024 y se proyecta en 2,6% para 2025. La clave para reducir las dificultades de gestión del gasto es precisamente lograr que la economía crezca de manera sostenida”.
Uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destinará a pagar intereses de la deuda. ¿Cómo mantener la estabilidad fiscal con un margen tan estrecho?
Si no se reducen esos gastos, ¿nos esperan más impuestos en el futuro?
“Hay que revisar los factores que rigidizan el gasto, como el Sistema General de Participaciones y ciertos regímenes especiales. Se pueden recortar gastos burocráticos, pero esos ajustes por sí solos no resolverán el problema fiscal. Se necesita una reforma estructural que haga sostenible la regla fiscal en el mediano plazo”.
El Gobierno ha tenido problemas con la ejecución presupuestal. ¿Es un problema de gestión o de falta de recursos?
“No entramos en ese debate, pero una baja ejecución alivia temporalmente la presión fiscal, aunque los compromisos de pago siguen ahí. Si no se ejecuta un presupuesto en un año, se trasladan obligaciones al siguiente, generando una presión acumulada”.
El aumento del salario mínimo y de los sueldos de los funcionarios públicos también presionan las cuentas...
“Sí, podría representar entre 0,5 y 2 billones de pesos adicionales en gasto. Es un factor más en la ecuación fiscal y se suma a otros compromisos como el servicio de la deuda y la seguridad social”.
¿Debería el Gobierno sincerar sus cifras de recaudo para evitar proyecciones irreales?
