La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lanzó una alerta contundente sobre el proyecto de decreto que modificaría las tarifas de retención y autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta.
Según la organización, esta medida del Ministerio de Hacienda anticiparía ingresos por $7,8 billones en 2025, pero sin sustento técnico claro y a costa de comprometer la estabilidad financiera del sector productivo.
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En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la Andi consideró que el decreto es “inconveniente y no está suficientemente motivado”, pues ni la legislación tributaria ni la rentabilidad de las empresas justifican el aumento generalizado de tarifas.
Hasta 218% más en autorretenciones para más de 270 sectores
El proyecto impactaría a más de 270 actividades económicas, incluyendo manufactura, agro, construcción, servicios, comercio y finanzas, con incrementos de autorretención que van desde el 4% hasta un 218%. Por ejemplo:
-Hospitales, clínicas, transporte y educación: subirían de 1,10% al 3,5%.
-Extracción de gas natural: de 1,8% a 4,5%.
-Manufacturas como alimentos, textiles, químicos, maquinaria, etc.: de 0,55% a 1,20%.
-Carbón, energía y gas: de 2,2% a 4,5%.
-Extracción de oro y otros minerales: alzas de 88% y 66% respectivamente.
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Además, se reduciría la base mínima para practicar retención por servicios de 4 UVT a 2 UVT, y se aumentaría la retención en compra de oro del 1% al 2,5%.
Más saldos a favor y menor recaudo neto
La Andi recordó que una situación similar ocurrió con el Decreto 261 de 2023, cuando el aumento de retenciones terminó reduciendo el recaudo neto en 2024.
Las empresas generaron altos saldos a favor y pidieron devoluciones, muchas pagadas con TIDIS (Títulos de Devolución de Impuestos).
En 2023, los saldos a favor de personas jurídicas alcanzaron los $40,5 billones, un salto frente a los $25,6 billones de 2022 y $24,2 billones de 2021. “Un nuevo ajuste solo aumentaría el pasivo de la Dian y afectaría el recaudo neto en 2026”, advirtió la Andi.
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Según la carta firmada por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el decreto no expone con claridad razones para aplicar estos aumentos. Salvo algunos sectores como agricultura y obras civiles, no hay evidencia de mejora general en rentabilidad.
De hecho, el entorno económico en 2025 ha sido complejo:
-Aumento de costos: alza del salario mínimo (11%), tarifas de energía y bloqueos que elevan los costos logísticos.
-Desaceleración: el ISE muestra decrecimiento en actividades primarias y secundarias, y el FMI recortó la proyección de crecimiento de Colombia de 3% a 2,4%.
La Andi pide al Gobierno reconsiderar el decreto para evitar repetir errores. El principal riesgo es que las empresas tengan que endeudarse para pagar anticipadamente impuestos sobre ingresos aún no recibidos en efectivo.
Con altas tasas de interés, esto implica un costo financiero elevado que pone en jaque la sostenibilidad empresarial. “Lo prudente sería reducir tarifas de retención acordes con la realidad financiera de las empresas y así evitar mayores cargas administrativas y costos para todos”, concluye la carta.
