El Gobierno nacional insiste en que ha cumplido con la regla fiscal, pero los números cuentan otra historia. Un análisis de las actas del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) revela cómo se ajustaron las cuentas para no incumplir la norma, en medio de advertencias de expertos sobre un déficit que sigue creciendo.
Las actas 742, 744, 745, 746 y 754 del Confis dejan claro que nunca hubo objeciones ni votos negativos por parte de la Dian sobre los Planes Financieros de 2023 y 2024. Es más, en tres de ellas (742, 745 y 746) la Dian respaldó con su voto positivo.
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Así nació el desbalance de 2024: en 2023 se aprobaron cuentas optimistas sin mayores reparos. Y hoy se están pagando los platos rotos.
Con las cuentas tan apretadas, el saliente director de Crédito Público, José Roberto Acosta, indicó que el Gobierno hizo un esfuerzo para controlar el déficit fiscal (concepto que hace referencia a que el Estado gasta más de lo que ingresa), que representó el 6,8% del PIB, más del doble del 3,2% observado en 2023.
A pesar de este saldo en rojo, el ministro Diego Guevara aseguró que el Gobierno cumplió la regla fiscal, un instrumento que funciona como una suerte de “tope” y busca que el Estado no gaste más de lo que puede pagar y que la deuda no se vuelva insostenible.
Según el ministro, dentro del déficit de $90,8 billones (5,1% del PIB) que se debe financiar, hay ajustes fiscales por $18,5 billones (1% del PIB) que solo quedan en los libros y no representan un gasto real de caja.
¿Cumplimiento real o maquillaje financiero?
El problema es que el déficit resultó más alto de lo previsto. Para no incumplir la regla fiscal, el Gobierno decidió clasificar parte del gasto como Transacciones de Única Vez (TUV), una movida que dependía del Confis. ¿Y quién controla el Confis? El mismo Gobierno.
Así que, como era de esperarse, se aprobó a sí mismo la jugada, a pesar de que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), un ente técnico e independiente, emitió un concepto negativo.
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Legalmente, el Confis tiene la última palabra. Y si las TUV cuentan como gasto excepcional, entonces la regla fiscal se cumple en el papel. Pero el truco es evidente: una maniobra contable que nadie se cree y que, sin ajustes de fondo, solo aplaza el problema.
¿Y ahora qué?
Si el Gobierno no recorta gastos, el déficit de 2025 podría dispararse aún más. Según analistas consultados por esta redacción, el Ejecutivo necesitaría reducir el presupuesto en 75 billones de pesos este año.
Y el panorama de 2025 no pinta mejor: para cumplir la regla fiscal, se requieren medidas que aumenten los ingresos o recorten el gasto en al menos 46 billones de pesos (2,6 % del PIB).
Además, hay riesgos fiscales adicionales por 28,5 billones de pesos (1,6 % del PIB), relacionados con la ejecución de la reserva presupuestal de 2024 y el impacto de decisiones sobre el salario mínimo y los sueldos de funcionarios públicos.
Si estos riesgos se materializan, el ajuste necesario podría llegar a los 75 billones de pesos (4,2 % del PIB). Este recorte coincidiría con el concepto que revelará el Carf en las próximas semanas, según fuentes cercanas al comité.
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El recorte sería más alto de lo que se esperaba
Desde Fedesarrollo, insisten en el déficit fiscal de 2024 estuvo muy por encima del 5,6% que había proyectado Hacienda. Entre sus cuentas, hablan de un recorte de $28 billones al presupuesto este año para cumplir la regla fiscal. “Los mercados tienen paciencia, pero esa paciencia tiene sus límites. Es urgente resolver el grave problema fiscal del país”.
“El Gobierno dice que cumplió con la regla fiscal argumentando que la caída de los ingresos fue transitoria, pero eso no es del todo cierto. Están haciendo cuentas sobre una base inflada que no existe”, advirtió Mejía. Es decir, aunque el Gobierno dice que cumplió la regla fiscal, desde Fedesarrollo consideran que no es así en su totalidad.
Por su parte, Astrid Martínez, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, alertó que el cumplimiento de la regla fiscal en 2024 no está tan claro como lo plantea el Gobierno, debido a que la caída en los ingresos tributarios no fue un evento transitorio.
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“El Gobierno ha dicho que cumplió la regla fiscal, pero para que eso sea una realidad debe presentar un informe al Congreso, y el Carf se pronunciará en su momento”, explicó Martínez en entrevista con el periódico El Tiempo.
Por eso, alertó que el Gobierno ya ha aplazado 12 billones de pesos, por lo que quedaría hacer un recorte por alrededor 40 billones de pesos.
Por su parte, un informe del equipo de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá advierte que la expectativa de recaudo del Gobierno debe ser más realista para evitar comprometer la sostenibilidad fiscal y no repetir la historia del 2024, cuando la caída en el recaudo tributario golpeó las finanzas públicas, obligando a un recorte de $28,4 billones en el Presupuesto General.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las finanzas públicas del país enfrentarán en 2025 un desafío importante: el recaudo neto de impuestos rondaría los $279 billones, una cifra que, aunque representa un crecimiento del 9,6% anual, estaría $30 billones por debajo de la meta establecida en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
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