El llamado que le hizo el presidente Iván Duque a la comunidad internacional para crear una alianza por la defensa de los páramos, el pasado 25 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, ya arroja resultados.
El sábado el ministro de Ambiente, Carlos Correa, anunció el Proyecto “Páramos para la vida”, una iniciativa que contará con $22.000 millones gracias a recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, con la que esperan conservar 379.000 hectáreas y restaurar otras 4.000.
“Este proyecto se da en el marco de esa gran alianza por la protección de los ecosistemas de alta montaña y generará reactivación económica de la mano de la conservación” aseguró Correa.
La estrategia apoyará durante cinco años a 560 habitantes de los complejos de páramos de Santurbán-Berlín (municipios de Tona y Vetas); Guanacas-Puracé-Coconuco (Puracé y Popayán); Pisba (Gámeza, Tasco y Socha) y Los Nevados para que realicen actividades como ecoturismo, agroturismo, y agricultura sostenible con especies nativas.
Esta reconversión y sustitución gradual de actividades productivas que reduzcan el impacto en los páramos es uno de los pilares de la Ley 1930 de 2018, la cual, según señala su autor, el representante Luciano Grisales, está maniatada por falta de voluntad del Gobierno.
“Esta ley ofrece un marco muy completo para proteger, delimitar y resolver los conflictos socioambientales que existen en nuestros páramos por la megaminería, ampliación de la frontera agrícola y la ganadería extensiva, pero el Gobierno no ha tenido voluntad para su plena implementanción”, asegura.
Y es que, si bien el tema de la minería acapara la atención, en la mayoría de los 37 páramos del país persisten problemáticas derivadas de la actividad económica de quienes habitan allí.
Por ejemplo, este año ha sido crítico en cuanto a incendios. En los páramos boyacenses ardieron más de 2.500 hectáreas y se perdieron 3.480 frailejones, según Corpoboyacá. Dice la entidad que el 90% de las quemas son provocadas y en gran medida tienen como objetivo extender la frontera agrícola, situaciones que se repiten en Cundinamarca y otras regiones.
Pero lejos de satanizar a campesinos, Grisales precisa que es imperativo acuerdos que garanticen sus derechos como habitantes paramunos y los haga compatibles con la preservación de estos ecosistemas.
Según el Igac, entre las 2,9 millones de hectáreas de páramo que existen hay 73.143 predios y el 20% de las hectáreas totales han sido intervenidas para actividades agropecuarias, cifra que pone en contexto la dimensión de la labor que debe adelantar el Gobierno para lograr los acuerdos necesarios que permitan la conservación.
