Las víctimas del conflicto armado que habitan en Medellín aseguran que se sienten como la carne de un sándwich, en medio de la controversia que se ha sentido en los últimos días entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín en torno a su atención.
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En días pasados y a propósito de los grafitis que fueron borrados sobre La Escombrera de la Comuna 13, ante una reacción del presidente Gustavo Petro que calificó el hecho como fascismo y acusó al alcalde Federico Gutiérrez de querer ocultar la historia que ocurrió en esa parte de la ciudad, el mandatario local criticó que el jefe de Estado quiere generar una imagen de defensor de las víctimas, cuando no está cumpliendo con los compromisos del Gobierno Nacional en los Puntos de Atención a Víctimas (PAV) de esta ciudad.
En Medellín actualmente existen ocho PAV que son atendidos por personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (que depende de la Nación), por profesionales del Equipo de Víctimas, que depende del Distrito y por personal de otras instituciones.
El dilema es que la mayor parte del equipo nacional, adscrito a la UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) terminó contrato en diciembre, por lo cual según explicó su dirección territorial en un comunicado que sacó este jueves, le pidió al alcalde Gutiérrez apoyo para garantizar la atención, “tal como se hizo con los demás municipios del departamento” mientras que se cumplen con los procesos administrativos de principios de año para la contratación de un operador. Además, recuerda la relación de corresponsabilidad que plantea al respecto la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).
“En este marco, la Alcaldía de Medellín, al igual que otras entidades locales, tiene un papel fundamental en la sostenibilidad de los PAV, no solo en términos de recursos, sino también en la infraestructura necesaria para garantizar que las víctimas reciban una atención digna y de calidad”, dice el comunicado, a la vez que aclara que la entidad ha mantenido su atención valiéndose del personal de planta.
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Esta no es una situación nueva, pues suele ocurrir el mismo “bajón” al inicio de todos los años, solo que ahora habría un ingrediente diferente y es la confrontación entre el presidente Petro y el Alcalde de la capital antioqueña.
Además, se ve agravada, pues también la mayor parte del personal adscrito al Equipo de Atención a Víctimas de la Alcaldía está también sin contrato desde finales de diciembre por razones idénticas a las de la UARIV.
De acuerdo con Carlos Arcila, Secretario de Paz y Derechos Humanos, de quien depende ese componente, habría un “periodo de transición” mientras que se firma el contrato madre con un operador. En consecuencia, solo están trabajando los equipos de Atención Básica -que reciben las denuncias de desplazamiento y atienden casos de emergencia- lo mismo que el personal encargado de hacerle seguimiento al proceso de La Escombrera. El resto se incorporaría probablemente a finales de enero o principios de febrero.
La coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín y el Valle de Aburrá, Ana Delgado, le confirmó a EL COLOMBIANO que hasta ahora el poco personal que está operando en los PAV ha sido suficiente para no afectar la atención esencial. En parte, eso se debería a la disminución en la demanda del servicio por la temporada de comienzos de año y a que algunas víctimas usan los canales virtuales que están habilitados (https://unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co/)
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Por otra parte, hay que recordar que las denuncias iniciales de desplazamiento y otras formas de victimización pueden ser denunciadas igualmente en la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría.
No obstante, Delgado se quejó de que la Mesa de Víctimas no podrá sesionar en enero por este vacío contractual y porque el operador anterior (Universidad de Antioquia) no dejó los recursos para hacerlo, ni hay por lo pronto un profesional encargado de la interacción con las organizaciones.
Criticó que el Gobierno nacional y local estén dejando a las víctimas en medio de una disputa que en realidad no les compete.
“El llamado es que se pongan de acuerdo para que no se vean afectadas las víctimas por un rifirrafe, si es que de verdad les interesan las víctimas”, apuntó Delgado, al tiempo que señaló que “si uno está fallando, el otro también”, refiriéndose al Gobierno nacional y local.
En Medellín hay alrededor de 600.000 víctimas del conflicto armado, siendo una de las ciudades que más figura como destino de personas que huyen de sus lugares de origen por la violencia.
