Con promesas de un mejor futuro laboral y económico, una venezolana se traía a otras compatriotas hacia Medellín, en un movimiento que terminaba en la explotación sexual y económica, mediante la mendicidad, de las mujeres esperanzadas de cambiar la realidad que vivían en su país.
Así lo evidenció la Fiscalía, luego de conocerse que María Alejandra Brancho Sulbarán, de 40 años, aceptara su responsabilidad en un caso denunciado por dos de las víctimas, quienes llegaron a Medellín y terminaron encerradas en una casa del barrio Aures, comuna 7 (Robledo).
Según la historia, los hechos por los cuales fue procesada esta venezolana ocurrió entre marzo y abril de 2022, cuando contactó por redes sociales a una mujer y la tentó para venirse a Medellín a cambio de trabajar en una confitería.
Ante esto, la mujer contactada no se vino sola, sino que lo hizo con su compañera sexual, quienes fueron afectadas por estas medidas de presión, que primero pasó por el encierro y luego por las amenazas en su contra.
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Ambas, inicialmente, fueron obligadas por Brancho Sulbarán a ejercer labores de mendicidad en distintas calles de Medellín, pero una de ellas fue obligada a ejercer servicios sexuales en los municipios del Oriente antioqueño.
Esta situación fue tolerada por las afectadas durante dos semanas, cuando decidieron escapar y de inmediato denunciar lo vivido durante los primeros días de su estadía de Colombia, después de salir de Venezuela con la idea de buscar un mejor futuro.
Un juez de control de garantías procesó a Branco Sulbarán por los delitos de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, a los cuales se allanó, por lo que solo está pendiente de que se establezca su condena por este caso en particular.
No obstante, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si este fue el único caso en el que se habría visto implicada o si se habrían presentado con anterioridad.
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