Una de las entidades que la administración del exalcalde Daniel Quintero dejó en estado más crítico es la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), tanto, que la nueva gerencia ha dicho que la entidad no tiene cómo operar porque no hay flujo de caja y que tuvieron que recurrir a créditos para pagar millonarias deudas urgentes.
El panorama es tan grave que ya se anunciaron y se hicieron efectivas denuncias por distintas irregularidades que encontraron a todo nivel, entre ellas que la última gerente Margarita Contreras, habría aprobado y firmado procesos contractuales pese a que ya había salido de su cargo.
La nueva gerente de la empresa, Luz Ángela González, reveló preocupantes datos sobre el estado en el que recibieron esa entidad descentralizada del Distrito de Medellín, la misma que estuvo rodeada de múltiples escándalos en los últimos cuatro años por presuntas irregularidades en contratación que solo ahora dejan ver su gravedad.
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Lo primero que recordó la gerente González es que en 2019 la EDU quedó con utilidades contables por casi $13.000 millones, pero que este 2023 cerró con pérdidas acumuladas por unos $7.700 millones. A esto se suma la preocupación porque la empresa no cuenta con un sistema de información sólido que soporte la operación que se hizo ese cuatrienio, pues mucho de ese registro se llevó de forma física y manual, según contó la funcionaria.
Aun así, en los registros que han podido analizar tras la entrega que se hizo durante el empalme y en estos primeros días del año se revelan graves asuntos en los que está copada la capacidad operativa en este momento. A las pérdidas de utilidades se suma un déficit de caja que los tiene haciendo maromas.
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Para la nueva gerente, una de las mayores preocupaciones está en las deudas que dejó la pasada administración por un valor de $4.063 millones, algunas de las cuales deben pagarse de inmediato porque ya están generando perjuicios por intereses de mora.
Es el caso de un empréstito de $2.017 millones que hizo el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) en 2022 a la EDU y que se debía pagar antes del 31 de diciembre pasado, pero en un acta del 29 de diciembre, dos días antes de esa fecha límite, se plasmó la decisión de la empresa de no hacer el pago, por falta de capacidad, con lo cual el compromiso le quedó a la actual administración.
Además, se deben vacaciones por un valor de $1.047 millones que no se autorizaron en el cuatrienio pasado a los trabajadores oficiales de la entidad. De los 116 empleados vinculados, 51 tienen tres periodos cumulados y 17 dos periodos. Esto, sin contar que también deben facturas por $435 millones a la empresa que les presta servicios de aseo y mantenimiento, así como $39 millones al prestador de servicios de impresión y mantenimiento de equipos. Además, se debe el pago de una demanda de $522 millones.
Hallazgos en los contratos
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el cambio del manual de contratación que se hizo en 2021 permitió que se proliferara la modalidad de invitación privada para las adjudicaciones de contratos y que su cuantía máxima pasara de 500 salarios mínimos legales vigentes a montos entre 1.000 y 10.000 salarios. Justamente, uno de los retos de esta alcaldía es recuperar la participación y la confianza de los contratistas para futuros procesos.
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Y ahí hay otro punto de gravedad para la entidad. En este momento la EDU tiene vigentes 28 contratos interadministrativos, de los cuales 17 son con el Distrito de Medellín y los otros 11 con las alcaldías de Yondó (Magdalena Medio antioqueño) y Girardot (Cundinamarca), el Metro de Medellín, el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Cultura. Todos tienen retrasos y problemas. A su vez, de esos 28 contratos se derivan en total 309 procesos contractuales por conceptos de obra, consultoría y otros, de los cuales a 100 ya les iniciaron procesos por incumplimientos de los contratistas.
Los del Distrito tienen retrasos de obra en promedio de un 82%, mientras que los demás de un 90%, según dijo González, quien expresó que “la ejecución en empresa es muy grave”. El panorama no es alentador porque muchos contratos de obra se adjudicaron sin contar con todos los permisos, estudios y diseños técnicos necesarios, lo que podría constituir una presunta celebración indebida de contratos. Hay varios en los que no se contaba con licencias o permisos ambientales. A estos se suma que encontraron que no hubo una labor rigurosa de interventoría ni supervisión en estos procesos.
Entre los proyectos que están con mayores problemas se encuentra el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los colegios públicos, que está plagado de falta de licencias de aprovechamiento forestal e incumplimientos en el cronograma de obras, lo que lleva a que no se haya entregado ninguna a satisfacción. Para este fin hay dos contratos, uno de $17.700 millones y otro de $330.000 millones.
Un contrato con Fonvalmed de $36.000 millones para la ampliación de la segunda calzada de la avenida 34 y el paso a desnivel con la Loma de los González tiene retrasos y tampoco tiene licencias ambientales ni los estudios requeridos relacionados con una amenaza de movimientos en masa en viviendas, estructuras y redes en influencia del proyecto.
Asimismo, con la Secretaría de Seguridad de Medellín se tiene otro contrato por $17.000 millones para construir el edificio del archivo central de la Cuarta Brigada, también está retrasado, lo mismo que el de Proyectos del Norte, de $222.500 millones, firmado con la Secretaría de Infraestructura, que ha tenido adiciones del 300% y que incumplió requisitos forestales y trámites ambientales obligatorios para la ejecución. El agravante es que cuando ya no podían seguir ejecutando la obra porque no tenían esos permisos, hacían adiciones para empezar en un nuevo tramo, que también quedaba a medias por la falta de licencias.
Esas adiciones presupuestales pusieron en evidencia un hecho que derivó en una denuncia penal en contra de la última gerente Margarita Contreras, porque habrían encontrado pruebas de que ella aprobó adiciones y ampliaciones a contratos incluso el pasado 12 de enero, casi dos semanas después de finalizada la pasada administración.
La gerente González contó que al llamar a los representantes de las empresas favorecidas con estas ampliaciones, estos confirmaron que, efectivamente, la anterior gerente les había enviado chats en los que les solicitaba legalizar este asunto.
