La Personería de Medellín aspiraba a trastear parte de sus dependencias a dos pisos del edificio Plaza de la Libertad antes de que terminara este año y con ello vería parcialmente resueltos los problemas locativos que ha padecido en los últimos años.
Incluso ya tenía firmado un compromiso con la Alcaldía al respecto. Sin embargo, por lo pronto deberá empezar a patinar de nuevo el asunto con la administración de Federico Gutiérrez, ya que el jueves de la semana pasada el personero, William Yeffer Vivas, recibió una carta en la cual, palabras más, palabras menos, el Distrito pide que lo libere de su compromiso y en consecuencia, deja a la entidad de nuevo en el aire.
Para haberle cumplido a la Personería, la Alcaldía debía surtir una filigrana complicada, de reubicar primero a los funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial que despachan desde los pisos 8 y 9 —el espacio que iba a ceder— hacia unas oficinas alquiladas en el edificio Business Plaza, ubicado a todo el frente de la Alpujarra, pasando la avenida San Juan.
Sin embargo, el plan se vio emproblemado y hasta ocasionó protestas de parte de los funcionarios del Distrito que se sentían desplazados. En criterio de los trabajadores, el nuevo espacio no cumplía con las condiciones adecuadas y no contaba con licencia para que operaran oficinas sino bodegas y parqueaderos.
A pesar de que los permisos se resolvieron y el trámite para las adecuaciones estaba en proceso, aparentemente se presentaron otras dificultades en la contratación del nuevo lugar con los terceros que lo administraban y los que son propietarios, según fuentes cercanas al tema.
La carta que le envió el martes de la semana pasada la secretara de Inclusión Social, Isabel Cristina Cadavid, al personero Vivas, sin embargo, no profundiza en esas razones y solo se explica que en vista de que no se alcanzó a hacer la entrega material de las instalaciones que iban a prestar en los pisos 8 y 9 de Plaza de la Libertad, “formalizamos la terminación bilateral del contrato de comodato No. 4600098693 de 2023 bajo la modalidad de convenio interadministrativo”. A la vez, manifiesta la disposición del Distrito en ayudar a la Personería a resolver su problemática para que tenga un buen funcionamiento.
“Ha habido voluntad, pero no decisión política para solucionar el problema de la Personería”, manifestó Vivas, quien incluso dice haber escuchado versiones acerca de que el cambio de planes de la administración Quintero con relación a esa agencia ocurrió después de que tomó decisiones contra sus funcionarios.
Según el funcionario, con la oferta que le había hecho la Alcaldía, la intención era reubicar cerca de 200 funcionarios del área administrativa y operativa. Y a pesar de que, la problemática más expuesta es la de los empleados que atienden público, sobre todo en materia de quejas de Derechos Humanos, en el sótano del mismo edificio Plaza de la Libertad, por las goteras en invierno, la incomodidad y el daño de equipos; estos no estaban considerados porque “en la parte delantera del sótano no se tienen problemas de humedad o manejo de aguas y la decisión era que permanecieran allí”, según el Personero. En cambio, sí iban a trasladar la zona “de puertas para adentro” de esa sección, donde está el archivo.
Ante las nuevas circunstancias, Vivas empezará a considerar otras dos opciones que ya se habían barajado. Una tiene que ver con dos bodegas que posee la Sociedad de Activos Especiales en el Centro y que ya fueron solicitadas. “Para allá nos podríamos ir todos los de la Personería porque es un primer piso y no hay líos de acceso”, dijo Vivas.
La segunda alternativa es sentarse desde enero con el nuevo alcalde con el fin de auscultar posibilidades que se viabilicen antes de marzo, cuando el personero se va. De no darse estas dos, el plan C es buscar local en arriendo, pero el problema es hallar uno que se adecue a las necesidades y el presupuesto.
Tiempo atrás Tigo le ofreció a la Personería arrendarle el antiguo edificio de Edatel por $250 millones mensuales, es decir que serían unos $3.000 millones al año, más unos $1.000 millones de adecuaciones, lo que significa que solo la sede se “comería” el 70% de los recursos que le quedan a la Personería después de pagar su nómina, y eso afectaría la financiación de actividades en el territorio.
Por estas razones suspendieron el traslado
La secretaria de Gestión y Control Territorial, Andrea Salazar, explicó que un fallo judicial obligó al Distrito a coadyuvar a la Personería con la solución los problemas que tenía el sótano de Plaza de la Libertad, pero quisieron además colaborarle con la falencia locativa, para lo que había que trasladar varias dependencias al piso 4 del Business Plaza. El lío era que los administradores del sitio de llegada debieron tramitar licencias de construcción para el uso como oficinas y solo las obtuvieron a 4 meses de culminar el año, mientras que las adecuaciones demoraban de 5 a 6 meses. “Como los recursos eran de la presente vigencia, se me imposibilitó celebrar el contrato y llevar a cabo el traslado de los servidores”, concluyó la funcionaria.
