Las imágenes de cuadrillas de funcionarios de la Alcaldía acompañados de integrantes de la Fuerza Pública para desalojar espacios invadidos de manera ilegal se han vuelto recurrentes en los últimos días.
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Invaden hasta los parques: hay 64 puntos críticos por casas ilegales
Se han realizado este año 460 operativos con hasta 200 funcionarios y Fuerza Pública. Bandas estarían financiando las invasiones.
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Los operativos han apuntado a controlar la invasión de espacios públicos y revisar que las obras que se adelantan en el territorio acaten criterios técnicos y cumplan requisitos de diseño y construcción. FOTO cortesía -
Zonas donde se presenta principalmente la problemática. FOTO: Infografía.
04 de junio de 2024
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De hecho, en solo cinco meses que lleva esta administración se han realizado 460 operativos debidamente planeados y hasta con 200 funcionarios a bordo, más las acciones que tienen lugar en la función normal de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que es la dependencia del Distrito encargada de liderar las actuaciones en este tema.
En esa tarea, esa dependencia se hace acompañar de toda la institucionalidad disponible, como el personal de las secretarías de Seguridad, Inclusión Social y Medio Ambiente, así como del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre (DAGRD) , los corregidores, inspectores de policía, policía y hasta del Ejército en algunas ocasiones más complicadas.
A eso se añaden las intervenciones cuando observan conatos de construcción, es decir cuando las ocupaciones indebidas llevan menos de 48 horas. Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, hasta ahora van más de 11.000 metros cuadrados de espacio público recuperado, que antes estaba invadido.
“Normalmente los sitios tomados son parques. Como estaban en una zona de confort donde ellos podían hacer lo que les daba la gana, construían en cualquier parte porque sabían que las autoridades no iban a ir”, expresó Velásquez, quien mencionó cómo en algunos barrios populares, como Belén Rincón, hasta han llegado a hacer banqueos en parques para construir.
La situación es compleja porque la mayoría de las veces no se trata de invasiones individuales y adicionalmente, en muchas ocasiones detrás estarían grupos ilegales loteando tanto espacios privados como públicos y hasta financiando la construcción de casas para luego cobrar por cuotas durante periodos prolongados.
Estos casos se dan sobre todo en los extramuros, donde es más difícil llegar con la acción del Estado.
Las áreas más neurálgicas por la manera masiva e ilegal como están construyendo fueron mapeadas por Gestión y Control Territorial, que ubicó 64 puntos críticos, casi todos localizados en las márgenes urbano-rurales.
No se escapan de aparecer las zonas Centro Oriental y Nororiental, ni la Noroccidental con sectores como Paraíso 1 y 2, Las Margaritas, Olaya Herrera y recodos de San Cristóbal. “Otro problema es el del morro de Moravia (en pleno centro de la ciudad), donde antes quedaba el basurero y que ya tiene 450 viviendas siendo un tema crítico”, dijo Velásquez.
Y, como si fuera poco, ahora hay un repunte de la construcción en el mismo sitio de Villatina donde en el año 1997 ocurrió un derrumbe con 500 muertos. “De nuevo hay 80 viviendas levantadas entre el año 2020 y 2023, como si no fueran conscientes de que construir en una cicatriz de un deslizamiento es un tema crítico”, recalcó el Secretario.
Pero no menos graves son las invasiones de los cerros tutelares, que fuera de constituir generalmente zonas de alto riesgo geológico no mitigable, deterioran los pulmones verdes de la capital antioqueña y el Valle de Aburrá. Un ejemplo son los alrededores del Pan de Azúcar (Centro Oriente), con cinco focos desde el barrio 13 de Noviembre hasta Las Moras y El Faro, dándole la vuelta a la montaña y en constante crecimiento.
Allí los invasores han alcanzado un grado tal de sofisticación que estaban colocando cerca de 35 postes, aunque de manera antitécnica, para llevar energía a la cúspide y poder poblarlo. Estos fueron sin embargo desmontados por los trabajadores del Distrito que han acompañado los operativos de control.
Si en varias décadas del siglo pasado fueron los desplazados por la violencia y por la falta de oportunidades en los campos los que dinamizaron el crecimiento informal de urbes como Medellín, en la actualidad la migración de venezolanos estaría teniendo mucho que ver, pues es a estas zonas donde suelen arribar.
Zonas donde se presenta principalmente la problemática. FOTO: Infografía.
Desorden en Catastro
Otro lío de marca mayor con el que también está teniendo que lidiar la Secretaría de Gestión y Control territorial es el desorden que heredó en la subsecretaría de Catastro, debido en buena medida a que en el periodo previo separaron a muchos funcionarios con experiencia para ubicar a “fichas” con un criterio político pero sin el conocimiento adecuado, de acuerdo con Velásquez.
Eso llevó a que se presentaran denuncias de corrupción que tienen en medio de investigaciones a cinco o seis exfuncionarios que actuaron como supervisores de contratos que en la actualidad están siendo revisados por sospechas de que no fueron terminados de forma correcta. Entre esos contratos está el que suscribieron con el Grupo TX por 17.500 millones de pesos para llevar el inventario de bienes del Distrito y actualizar el Catastro. La otra consecuencia fue que se acumularan 17.500 trámites catastrales que dejaron pendientes, una cantidad muy superior a los 3.500 o 4.000 que había recibido la administración anterior.
“Cuando nosotros cerramos el 2019, el promedio estaba en 18 días hábiles y hoy hay trámites de hace cinco años a los que no se les ha dado respuesta”, admitió el secretario Velásquez. El Catastro es una especie de censo de todos los bienes públicos y privados que existen tanto en el área urbana como rural de la ciudad y su base de datos debe incluir tanto lo relativo a mejoratarios (dueños de la construcción más no del terreno, que puede ser de un tercero o del Distrito) y los poseedores (tienen terreno y edificación).
Normalmente se trata “mutaciones”, es decir los cambios en la información de un predio, por ejemplo correcciones de área y de linderos, incorporación de construcciones nuevas, cambios en los coeficientes, demoliciones, registro de nuevos propietarios; agregaciones y segregaciones (también llamados popularmente englobes y desenglobes).
“El tema es que cuando hay tanto trámite pendiente, eso genera posibilidades de corrupción; es algo que tenemos que atacar y es uno de los temas más críticos”, afirmó Velásquez. Un plan de choque que se empezó a implementar con la contratación de 25 personas para que apoyen a los funcionarios de planta busca bajar el tiempo a los promedios que establece la norma al respecto, es decir, entre 30 y 60 días.
“Creemos que este año vamos a bajar bastante, pero el año entrante debemos estar otra vez volviendo a las cifras que dejamos en 2019”, puntualizó Velásquez. La Secretaría habilitó la línea (604) 3855555, ext. 1884 para informarse sobre estafas urbanísticas o denunciar posibles casos de corrupción de funcionarios. Para infracciones, está la 5191 y para orientación sobre las obligaciones que se tienen a la hora de construir, la 1719.
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