A las 2:10 p.m. de este martes 8 de abril se espera que, por fin, tenga lugar la audiencia de formulación de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios por el caso de Aguas Vivas, en el que son investigados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
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La diligencia fue reprogramada para esta fecha el pasado primero de abril, tras dos aplazamientos avalados por los jueces, tras ser solicitados por los abogados defensores de algunos de los investigados, entre ellos dos exsecretarios y el propio Quintero, lo que levantó múltiples críticas entre quienes consideran que se está dando una estrategia dilatoria en el proceso, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción denunciados durante la administración pasada.
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Antes de que fuera reprogramada para este 8 de abril, la fiscal del caso Aguas Vivas le solicitó al juzgado al que le toque en reparto la próxima audiencia de este proceso que la realice sin devolverla al centro de servicios. Es decir, que el ente investigador está en disposición de adelantar la diligencia con las partes que se presenten, según conoció EL COLOMBIANO.
Cabe recordar que el último aplazamiento se dio ese primero de abril por cuenta del pedido de la defensa del exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya, precisamente uno de los más enredados en el caso. Su apoderado, el abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, sostuvo que ya estaba ocupado con otro proceso en un juzgado de La Ceja, por lo cual no podía asistir a la audiencia de imputación.
El primer aplazamiento había tenido lugar una semana antes, cuando otros dos abogados defensores de los implicados pidieron a último minuto mover la audiencia de imputación, argumentando también tener compromisos pendientes.
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Una de esas solicitudes, entregada al juzgado el viernes 21 de marzo, fue formulada por la abogada del exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García, quien aseguró tener para ese mismo día los grados de una maestría y otro compromiso en la Corte Suprema.
El abogado defensor del exalcalde Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, optó por el mismo camino, con el argumento de que debía preparar la defensa técnica de su apoderado porque apenas había acabado de asumirla.
Al conocerse estos aplazamientos, la abogada e influenciadora Gloria Jaramillo, conocida como Tyche, presentó una solicitud de vigilancia a este proceso penal en el que se investigan presuntos hechos de corrupción alrededor del lote Aguas Vivas. Lo hizo ante el Consejo Superior de la Judicatura donde pidió que se inicie un proceso de vigilancia administrativa al proceso penal que cursa en contra del exmandatario, 10 de sus exfuncionarios y 2 particulares.
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Solicitó que se adelante este proceso en los Juzgados 16 y 31 Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Medellín, después de que avalaran reprogramar en las dos ocasiones distintas la audiencia de imputación contra los indiciados.
En este caso, además de Quintero, están los exfuncionarios Carlos Mario Montoya; Fabio Andrés García Trujillo; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
De igual forma, en el proceso aparecen vinculados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que el lote Aguas Vivas, ubicado en Las Palmas, fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.
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