En la mañana de este martes se dio un cruce de mensajes peculiar: El Tiempo publicó un artículo contando que la Fiscalía tenía previsto imputar al exalcalde Daniel Quintero por el delito de peculado por apropiación.
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Según la información publicada por el diario de Bogotá, “en un documento conocido por EL TIEMPO están mencionadas otras personas que trabajaron durante la gestión de Quintero en La Alpujarra, entre los años 2020 y 2023. En el caso particular de Quintero, su nombre aparece junto al de Juan David Duque, quien fue su secretario privado. De acuerdo con el documento estaría previsto a finales de febrero imputarles hechos relacionados a la caja menor de la Alcaldía”.
De hecho, el periodista de ese medio, Sair Buitrago, publicó el artículo en su cuenta de X a las 6:09 a.m. diciendo: “Atención: Fiscalía imputará cargos a exalcalde de Medellín Daniel Quintero por peculado”. Un rato después, a las 7:21 a.m., el exalcalde Quintero publicó en la red X que agradecía a El Tiempo “haber retirado el chisme que habían publicado sobre mí”.
En realidad, El Tiempo no retiró la información, como dice Quintero, simplemente le agregó una frase después de hablar del revelador documento. “Sin embargo, el ente acusador señala que en este tema aún no hay una determinación y que por ahora no hay nada previsto”, agregó el medio de comunicación.
La realidad es que el documento del cual El Tiempo habla sí existe, es de la Fiscalía y en él figura que la imputación de cargos contra el exalcalde está lista. Como suele ocurrir, un periodista tuvo acceso a ese documento confidencial, y lo publicó. Sin embargo, desde la Fiscalía informan que no es cierto.
¿Por qué la Fiscalía no avanza a la velocidad que sectores del país esperan con los casos de Daniel Quintero? Desde hace más de dos años se han conocido una catarata de denuncias sobre irregularidades en esa alcaldía. Y de hecho, la nueva administración de la ciudad se ha encargado de destapar múltiples anomalías de su antecesor.
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En el caso particular de los fondos fijos, o caja menor, el documento de la Fiscalía, citado por El Tiempo, dice: “De acuerdo a hallazgo parcial fiscal de la Contraloría General de Medellín el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y su exsecretario privado Juan David Duque se habrían apropiado en favor propio y de terceros de la suma aproximada de $100.000.000 correspondiente a fondos fijos reembolsables (caja menor)”.
Se trata de una evidencia clara que no sería extraño dé para al menos investigar. De hecho, llama la atención que el secretario Duque, luego de que salió el escándalo, pidió que le permitieran devolver esos recursos. Pero su petición no fue aceptada. Una estrategia que la administración Quintero utilizó en otras ocasiones: cuando aparecía un escándalo, cuando quedaban en evidencia, corrían a reparar el daño para evitar la investigación.
El fiscal general Francisco Barbosa suele decir que cada fiscal que lleva un caso necesita tiempo para recoger pruebas sólidas. Y en ese sentido, según pudo establecer EL COLOMBIANO con la Fiscalía, se trata de “investigaciones en curso pero no existen proyecciones aún”.
En una entrevista que dio el fiscal Barbosa a EL COLOMBIANO aseguró que dos días antes de dejar su cargo vendrá a Medellín a dar informes de las investigaciones sobre corrupción. Se espera que en esa oportunidad traiga noticias sobre los avances de las investigaciones sobre Daniel Quintero y miembros de su equipo.
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El de la caja menor es uno de los tantos escándalos que se destaparon en la alcaldía de Quintero. En diciembre pasado, la Contraloría General de Medellín publicó los hallazgos de su auditoría financiera a la Alcaldía de Medellín, advirtiendo haber encontrado presuntas irregularidades en la forma en cómo el despacho del exalcalde Quintero manejó su caja menor.
Además de comidas suntuosas y múltiples compras que estarían injustificadas, tal como comenzó a conocerse desde agosto pasado, en su investigación el ente fiscal concluyó que la ejecución de dicho fondo habría brillado por su ausencia de controles, entonces a cargo del destituido secretario Privado, Juan David Duque.
El análisis de la Contraloría quedó plasmado en el informe de Auditoría Financiera y Gestión, que evaluó el desempeño del Distrito durante la vigencia 2022 y en el que los problemas por el manejo de dicha caja menor, rotulada como el Fondo Fijo Reembolsable 067, ocupó uno de los lugares más destacados.
“Esta situación se presentó por el desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar estos recursos y en la ausencia de la planeación del gasto, lo que posibilita erogaciones que incumplan los requisitos (imprevistos, urgentes y necesarios) para ser atendidos con cargo a éste y desborden las normas de austeridad en el gasto público”, se lee en el informe, en el que también se señaló a la Secretaría Privada de no haber controlado esa ejecución.
Pasando a los gastos concretos, los auditores también reseñaron haber encontrado que solamente en materia de restaurantes, de un total de $124 millones gastados entre 2022 y 2023, se habrían certificado solamente $7,7 millones por concepto de reuniones de carácter oficial, quedándose el resto por fuera del radar.
En la eventualidad de que haya un llamado de la Fiscalía por la “caja menor”, se sumaría a otros seis contratos que generaron imputaciones contra siete exfuncionarios y seis particulares que hicieron parte de la administración de Quintero.
En noviembre pasado, el fiscal Francisco Barbosa anunció que los contratos investigados suman alrededor de $67.586 millones. Están relacionados con alimentación, infraestructura y asistencia logística. De acuerdo con Barbosa, los elementos de prueba dan cuenta de “múltiples anomalías en el trámite y celebración” de los mencionados contratos.
Entre los exfuncionarios que serán imputados hay personas de Metroparques, la Secretaría de Infraestructura, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el programa Buen Comienzo.
El representante del ente acusador indicó que estas investigaciones se derivan de un cúmulo de denuncias que se han hecho en la ciudad, en especial en el último año y medio, las cuales involucran presuntos actos de corrupción, y que son investigadas por un grupo especial de fiscales.
Los seis contratos, sostuvo Barbosa, están clasificados en cuatro componentes. El primero de ellos es el mantenimiento de zonas verdes; el segundo, el mantenimiento del Parque de las Aguas; el tercero, apoyo logístico para eventos recreativos y deportivos; y el cuarto, atención integral a los niños y niñas por medio de Buen Comienzo.
Justo este lunes, el exgerente de Metroparques, Jorge Liévano, la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, y la representante de Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública; en la adjudicación de un contrato para la atención de las zonas verdes.
En la imputación realizada por el fiscal del caso, el ente investigador indicó que en el año 2020 Metroparques —dirigido en ese entonces por Liévano— hizo invitaciones privadas a tres empresas de la familia Henao, ligados a la Reforestadora El Líbano, para adjudicar un contrato en convenio con la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín.
En su escrito, el fiscal se dedicó a explicar las pruebas de la Fiscalía que demostrarían el direccionamiento que habría contado con el visto bueno de Henao, Liévano y Urrego así como la proximidad en términos de amistad y de afinidad política entre la familia Henao, los políticos liberales del Suroeste antioqueño y Daniel Quintero. Hechos, que según el fiscal fueron determinantes para realizar el acto ilícito.
