Luego de varios meses de controversia, la Fiscalía General de la Nación finalmente radicó el escrito de acusación contra del exsenador y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya Pulgarín, quien desde 2019 enfrenta denuncias e investigaciones por presuntamente beneficiarse de su investidura para graduarse irregularmente de abogado en la Universidad de Medellín.
El documento, que se conoció este miércoles, aparece firmado por el fiscal 31 especializado Fernando Arias, quien a mediados de mayo pasado precisamente había sido cuestionado por dejar vencer los términos de ese proceso.
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La actuación de la Fiscalía da inicio formal a la fase de juzgamiento del poderoso político de origen liberal, en el que es señalado como presunto determinador de los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado agravada y fraude procesal.
La radicación de este escrito aparece luego de un accidentado camino en el que la misma Fiscalía había pedido engavetar el caso, sin importar que otros implicados ya estaban siendo judicializados por los mismos hechos.
La controversial solicitud se conoció a comienzos de abril de 2023, cuando luego de recibir el expediente de manos de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía aseguró ante un juez no encontrar material probatorio suficiente para acusar a Bedoya, quien entonces ya estaba volcado a su carrera a la Gobernación de Antioquia.
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Sin importar esos argumentos, un juez penal de Medellín consideró en septiembre de ese mismo año que dicha solicitud era “improcedente” y que sí había suficiente evidencia para ser evaluada en un juicio.
“(...) no existe evidencia novedosa o sobreviniente a la recolectada por la sala de instrucción de la Corte, que sirvieron de soporte para llamar a indagatoria al procesado, expuestos por el alto tribunal en su decisión de resolver situación jurídica, por lo tanto, no ha variado el mínimo probatorio, ni la realidad de los hechos por los cuales fue vinculado al proceso penal el imputado Bedoya Pulgarín”, consideró entonces ese juez, en una decisión que luego fue refrendada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín.
Luego de que ese proceso quedara andando sobre ruedas, otros implicados en el mismo caso fueron encontrados culpables, como el exrector de la Universidad de Medellín Néstor Hincapié Vargas, quien fue condenado a 70 meses de prisión a comienzos de mayo de este año.
Por esos mismos hechos, otros exempleados de la universidad también han sido encontrados culpables, como es el caso de los exdirectivos Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández Giraldo, quienes hicieron parte del proceso de obtención del título de Bedoya.
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Precisamente a raíz de esas decisiones, el equipo jurídico que representa a la Universidad de Medellín en calidad de víctima en ese proceso emitió una alerta el pasado 17 de mayo, tras considerar que los términos del fiscal al frente del caso se habían vencido.
Así lo argumentó el abogado Juan Camilo Bolaños, precisando que el ente acusador tenía un plazo de 90 días que, dejando por fuera las suspensiones temporales que implicaron las solicitudes de preclusión, ya se había vencido en por lo menos 147 días.
“(...) a la fecha han transcurrido un total de 237 días a partir de la asignación del proceso a la Fiscalía 31 especializada DECC, sin contar el periodo transcurrido durante el análisis y negativa a la pretensión preclusiva. Sin que hasta el momento se haya dado aplicación a lo normado en el Art. 175 del C.P.P que ordena un plazo perentorio de 90 días para formular la acusación”, argumentó entonces Bolaños en un escrito dirigido a la Fiscalía, calificando como “inconcebible” ese retraso en un caso tan sensible.
En el juicio que se avecina, cuyas fechas aún están por definirse, Bedoya tendrá que desvirtuar las pruebas que lo señalan de haberse aprovechado de su investidura como parlamentario para obtener su título en derecho.
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Tal como se conoció poco después de que Corte Suprema de Justicia entregara el expediente a la Fiscalía, en el mismo reposan indicios que mostrarían cómo Bedoya presentó varios exámenes de un alto nivel de complejidad en un mismo día, se habría beneficiado de actas de aprobación firmadas por una sola persona (cuando deberían ser aprobadas por tres) y tendría a cuestas múltiples testimonios que aluden a un presunto trueque entre él y directivas de la universidad con fines electorales.
Por su parte, desde la defensa de Bedoya, se ha argumentado que el caso estaría supuestamente fundamentado en una interpretación errada del reglamento de esa institución y que muchas pruebas carecerían de solidez.
