El fiscal Francisco Barbosa ofrece una rueda de prensa desde la capital antioqueña sobre los hallazgos.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, hará anuncios sobre el avance de las investigaciones de presunta corrupción en Medellín, en la tarde de este jueves desde la capital antioqueña.
Fuentes de la Fiscalía aseguran que Barbosa llamará a imputación a varios exfuncionarios y contratistas de la actual administración de la ciudad por presuntas irregularidades en seis contratos.
Aunque todavía no se sabe cuáles son las seis investigaciones en las que la Fiscalía ha avanzado considerablemente, se espera que el fiscal haga anuncios sobre al menos tres casos: Buen Comienzo, Universidad Nacional y Telemedellín.
El de Buen Comienzo es quizá el caso de presunta corrupción en esta administración que más ha avanzado judicialmente. Hace más de un mes, el 4 de octubre, se conoció que la Fiscalía a tenía listo el escrito de acusación en contra de la ex secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, que tendrá audiencia de acusación el próximo 20 de noviembre.
El proceso también incluye a Lina María Gil, la directora técnica de Buen Comienzo en 2020, cuando se firmaron los contratos que son motivo de investigación, y a Henry Paulison Gómez, que era el representante legal de Colombia Avanza, la empresa con la que la secretaría contrató de manera directa más de $20 mil millones para la atención de la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes. También fue Colombia Avanza la empresa que se quedó con un contrato del PAE por más de $7.000 millones en marzo del 2020.
La Fiscalía dice que en esos contratos, Agudelo, Gil y Gómez cometieron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa. Eso significa que, según esta entidad, Agudelo y Gil se aliaron irregularmente con Gómez para favorecer a Colombia Avanza en estas millonarias contrataciones.
Para saber más sobre el caso Buen Comienzo: Fiscalía revela cómo se habrían robado plata de Buen Comienzo
La Fiscalía también tendría en la mira el contrato por $9.050 millones que la Alcaldía de Daniel Quintero le entregó a la Universidad Nacional para que esta montara una estrategia de comunicaciones.
Las supuestas irregularidades de este contrato salieron a la luz el pasado mes de septiembre, cuando la abogada Gloria Jaramillo publicó en su cuenta de X informes de supervisión del contrato que probarían que la Alcaldía estaba utilizando ese convenio para hacerle campaña de forma irregular a exfuncionarios que para ese momento ya eran candidatos del partido Independientes para las pasadas elecciones de octubre.
Aunque el contrato tenía como objeto trabajar en la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía, al parecer los subcontratistas (contratados por la Nacional pero pedidos por la Alcaldía) estaban trabajando para Ana María Valle Villegas, Juan Carlos Upegui Vanegas, Juan Daniel Pulgarín Correa, Sergio Andrés López Muñoz y al actual concejal Carlos Mario Romero Misas.
Además, se reveló que la Universidad Nacional contrató para la ejecución de ese contrato a varios amigos y aliados de primer nivel del exalcalde Quintero, como Nathalia Saldarriaga, Lucía Beccasino y Juan Camilo Ortega.
Finalmente, se espera que Barbosa se pronuncie sobre la denuncia de supuestos contratos corbata en Telemedellín que se conoció el pasado mes de octubre. De acuerdo con la información que se ha revelado, el canal público de la ciudad habría contratado, a través de una temporal llamada Maxempleos, a personas que aparecían vinculadas en Telemedellín, pero que no trabajan allí, sino que se dedican a trabajar para el exalcalde Daniel Quintero y su partido político Independientes.
Tras las denuncias, tanto la Personería como la Fiscalía han visitado la sede del canal en busca de información que las confirme o desmienta.
Este caso es similar al de la Universidad Nacional y demostraría un modus operandi de esta administración: la Alcaldía firma un convenio con una empresa y por medio de esta al parecer contrata a sus aliados y los pone a sus servicios, sin hacerlo directamente para que a los organismos de control, los medios de comunicación y a la ciudadanía les quede más difícil seguirle el rastro y detectar irregularidades.
