Para este lunes 31 de marzo estaba programada una nueva audiencia de imputación de cargos en contra de exfuncionarios y excontratistas por hechos ocurridos durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Quienes pasarán al banquillo de los imputados serán el coronel retirado Juan Carlos Torres Ojeda y William Alberto Gómez.
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Torres Ojeda fue secretario de Movilidad durante los últimos seis meses del gobierno Quintero, pero antes se desempeñó en esa dependencia como subsecretario de Seguridad Vial y Control. Antes, entre 2017 y 2020 este fue comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia.
Por su parte, William Alberto Gómez Ramírez fue secretario general de Metroplús.
Además, serán imputados también dos contratistas: Ruben Darío López Giraldo y Santiago Ortega Mateos.
Tanto los exfuncionarios como los excontratistas deberán responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esto porque presuntamente firmaron un contrato entre la secretaría de Movilidad y Metroplús el 29 de junio del 2023, justamente el día que entró en vigencia la Ley de Garantías por las elecciones regionales que se celebraron el 29 de octubre de ese mismo año.
Torres aterrizó como secretario de Movilidad de Medellín apenas dos semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el 15 de junio de 2023, en medio de una desbandada del gabinete del entonces alcalde Quintero (que un par de meses después renunciaría también) para hacerle campaña al entonces candidato Gustavo Petro, dejando a la ciudad no solo en una crítica situación financiera sino en un vacío institucional sin precedentes.
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Hay que recordar que la Ley de Garantías, con el fin de garantizar la transparencia electoral, prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa ni celebrar convenios administrativos durante los cuatro meses anteriores a la elección. Es decir, para ese caso, precisamente desde el 29 de junio.
Ese día, al parecer, la secretaría de Movilidad de Medellín y el Metroplús firmaron un contrato por $15.053 millones que, supuestamente, no cumplía con requisitos legales, pues no se le hicieron los estudios previos exigidos, ni se publicó oportunamente en el Secop, además de que hay dudas sobre los informes de supervisión que se le hicieron.
Por estos hechos la Fiscalía iba a imputar a estas cuatro personas, sin embargo, la audiencia tuvo que ser aplazada porque el abogado de Juan Carlos Torres, el exsecretario de Movilidad, no llegó.
Algo similar a lo que ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando la Fiscalía tenía todo listo para imputar a Daniel Quintero y a un grupo de coequiperos suyos por el caso de corrupción en Aguas Vivas.
En esa ocasión fue la ausencia de la abogada de Fabio Andrés García, quien fue subsecretario y secretario General de Daniel Quintero, la que causó el aplazamiento de la diligencia judicial. La abogada de García aseguró que no podía asistir porque tenía la ceremonia de graduación de su maestría.
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Por este caso de presunta corrupción, en el que se habría inflado el valor de un lote del distrito para intentar de diversas formas favorecer a unos privados, además del exalcalde Daniel Quintero y de Fabio Andrés García, deberán responder, entre otros, Carlos Mario Montoya, exsubsecretario de Gestión y Control Territorial; Alethia Arango, exdirectora de Gestión del Riesgo; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación, entre otros. En total, incluyendo al exalcalde Quintero, son 13.
Si se suman los 13 imputados por el caso de Aguas vivas, más los cuatro por este contrato entre Metroparques y la secretaría de Movilidad, más los que han sido imputados por otros casos de presunta corrupción, serán en total 37 personas imputadas que trabajaron o contrataron con la administración de Daniel Quintero.
La nueva audiencia por el caso de Aguas Vivas quedó programada para el primero de abril a las 2:10 p.m. ¿Asistirán todos los invitados?
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