En apelación ante el Tribunal Superior de Medellín se encuentra una de cuatro demandas con las que más de 60 psicólogos que pertenecieron al programa Escuela Entorno Protector, de la Secretaría de Educación de Medellín, buscan demostrar presuntas irregularidades durante la ejecución de los contratos que suscribieron con la UPB, entidad encargada de contratar personal para este fin.
Las otras tres demandas están a la espera de la decisión de primera instancia. En concreto los demandantes argumentan que aunque los contratos eran por prestación de servicios, hubo subordinación laboral indebida y se quejan de la terminación de sus contratos, en plena pandemia, por supuesto bajo desempeño en sus labores.
El 3 de junio de 2020, casi dos meses después de que llegó la pandemia con fuerza a Medellín, la Alcaldía dio a conocer un comunicado público de tres puntos para mitigar el ruido que estaba causando una denuncia sobre el despido masivo de psicólogos. La administración recalcó que se renovaron los contratos de 173 de estos profesionales, pero que se culminaron los de 66 porque no cumplían “con los estándares requeridos, según las correspondientes pruebas de evaluación de desempeño”.
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Alexandra Agudelo, secretaria de Educación en ese entonces y hoy imputada por el caso Buen Comienzo, también explicó en redes sociales que la salida de los psicólogos se dio tras evaluar a los 239 contratistas de Entorno Protector, de los cuales solo 173 “pasaron la prueba”. La noticia despertó críticas y muchos la calificaron de “politiquera”.
La razón: tal como lo siguen afirmando hoy contratistas de esa secretaría, los contratos se mueven al vaivén de los deseos de Albert Corredor. Para el momento de los hechos él era concejal; hoy es precandidato a la Alcaldía de Medellín y Educación es su fortín político. De hecho, entre las últimas denuncias de psicólogos que persisten en Entorno Protector están que los han puesto a hacerle campaña y a recogerle firmas.
Las quejas de los psicólogos
Volviendo al tema de la culminación de los contratos, los psicólogos salientes tomaron la decisión de demandar y empezaron a contar una serie de hechos que consideran irregulares en la ejecución de los contratos. Como consta en los documentos del proceso, conocidos por este medio, para la fecha de los hechos, la Secretaría de Educación tenía un contrato macro con la UPB, que hacía las veces de operador y, a su vez, contrataba a los profesionales.
Dicho contrato iba del 24 de enero al 29 de agosto de 2020, con un valor inicial de $8.753 millones. El objeto era prestar servicios para implementar el componente territorial del programa Escuela Entorno Protector en las instituciones educativas de Medellín.
Este programa, institucionalizado por medio del acuerdo municipal 146 de 2019, es uno de los más importantes de la Secretaría de Educación, pues busca garantizar el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes en temas cruciales como la salud mental, la convivencia escolar, la relación de la escuela y la familia, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la protección de los menores de edad en general.
Los casi 66 psicólogos que tienen en curso las demandas realizaban sus labores “conjuntamente con los rectores, coordinadores y docentes”; debían trabajar en los colegios en todo el horario escolar; presentar excusa si se ausentaban y reponer ese tiempo; cumplir casi 36 obligaciones específicas incluidas en los contratos firmados, a las que se sumaron otras tras la llegada de la pandemia.
También estaban, explicó el abogado de los psicólogos, sometidos a subordinación de líderes territoriales del programa, coordinadores y rectores, pese a que era un contrato de prestación de servicios.
Asimismo, según el recuento que hicieron los profesionales, el operador del contrato les cambió “de manera unilateral” las funciones de su perfil e incluyó actividades que nada tenían que ver con su profesión y cargo, como consta en pantallazos de correos electrónicos incluidos en las pruebas de la demanda.
Algunas de estas era presentarse a eventos organizados por la Alcaldía de Medellín que no tenían relación con el objeto del contrato; apoyar procesos de prematrícula y matrícula en los colegios; hacer reportes relacionados con el PAE, apoyar jornadas de salud; ir a homenajes, talleres, foros, encuentros, ferias y campañas organizadas por la Secretaría de Educación y otras dependencias de la Alcaldía; y ser veedores en las elecciones escolares; entre otras.
Posteriormente, cuando se vino la terminación de los contratos a los psicólogos, muchos de los cuales estaban en el programa Escuela Entorno Protector desde 2016, levantó ampolla el argumento de que su salida era por bajo desempeño. Para sacar estas conclusiones se hicieron pruebas escritas “tipo universidad”, se pidió a los rectores que evaluaran a los psicólogos con criterios como “actitud”, “iniciativa y liderazgo”, “idoneidad técnica”, entre otros que debían calificar de 1 a 5.
Además, llegada la pandemia, les cambiaron de forma unilateral algunas condiciones, les exigían un número determinado de llamadas a las familias confinadas y les impusieron metas diarias y semanales que debían registrar en una plataforma virtual.
No obstante, en una carta enviada a los psicólogos por la misma UPB se afirmó que no se hicieron evaluaciones de desempeño. “Lo que realizó la universidad en calidad de contratista de la Secretaría de Educación de Medellín para el proyecto Entornos Protectores fue un informe técnico de todas las personas contratadas por la UPB para el desarrollo de dicho proyecto, el cual goza de reserva y solo se entrega al ente público”. Esto dejó más dudas que certezas sobre su salida.
El caso tuvo una primera sentencia, desfavorable a los demandantes, del Juzgado 25 Laboral del Circuito de Medellín. Pero tras esta decisión, no solo se apeló, sino que las demandas están siendo también presentadas ante el contencioso administrativo con el fin de que se determine si en este caso el Municipio de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, hizo en realidad las veces de una especie de empleador o si se trata de una responsabilidad compartida con la universidad, que fue la que firmó el contrato con los profesionales.
El argumento del apoderado del caso es que las directrices, muchas de ellas no incluidas en el contrato, no pudieron ser idea exclusiva de la institución operadora, sino que provenían de la Alcaldía, como era el caso de ponerlos a apoyar actividades distintas a sus obligaciones. Se busca demostrar que los contratistas, en realidad, tenían una relación de contrato de trabajo.
Otros pronunciamientos de la UPB
En una comunicación enviada en julio de 2020, la UPB explicó que la Secretaría de Educación definía aspectos como cantidad de psicólogos a contratar, fechas, compromisos, entregables, informes, etc. Asimismo, que con el coordinador que la administración definió para el programa, que no estaba contratado por la UPB, hubo constante comunicación sobre contratación de personal.
La universidad agregó que aspectos como tipos de contrato, perfiles y mecanismos de pago se mantuvieron iguales desde el contrato 2019 y 2020, pero que el principal cambio con la nueva administración fue la forma de prestación del servicio de los contratistas, debido a la pandemia y el aislamiento, cambios notificados debidamente a los profesionales.
Aclararon que aunque el contrato macro iba hasta el 29 de agosto de 2020, la Secretaría definió que con los contratistas se hicieran en vigencias de uno, dos o tres meses. Finalmente, enfatizaron en que como operador tenían total autonomía para contratar a los profesionales.
