El Concejo de Medellín instó al gobierno distrital a mejorar sus controles con miras a frenar la expansión de los barrios de invasión, que durante los últimos años se ha intensificado en varias zonas del oriente y el occidente de la ciudad.
En un debate de control político realizado a la Secretaría de Control Urbanístico, entidad que tiene a su cargo propender por el crecimiento ordenado de la ciudad, varios concejales consideraron que esa dependencia se está quedando corta en su misión y plantearon que esta debe emprender acciones de fondo para contener ese fenómeno.
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De acuerdo con los diagnósticos más recientes de la Alcaldía, aunque en la ciudad hay por lo menos 65 puntos con asentamientos irregulares, la situación es especialmente crítica en por lo menos cinco barrios: Moravia, al rededor del sector de El Morro; El Faro, ubicado en los límites entre la comuna 8 y el corregimiento de Santa Elena; El Paraíso, ubicado en la ladera occidental, y Vallejuelos y Olaya Herrera, ambos situados en la zona de influencia de la vía al mar.
Durante la sesión, los corporados advirtieron que la intervención de las instituciones es urgente, sobre todo porque dichas dinámicas están siendo promovidas por grupos armados, quienes no solo se han aprovechado de la población más vulnerable en esas zonas, sino que han encontrado en actividades como el loteo una nueva renta para financiar sus operaciones.
Otros concejales señalaron que junto al loteo, dichas estructuras armadas también están valiéndose de su poderío en las zonas periféricas de Medellín para obligar a las familias que se asientan en esos barrios de invasión a comprarles los materiales para la construcción de sus viviendas.
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“Para las estructuras criminales este se volvió el negocio de moda. Buscan a las personas con las necesidades de tener un hogar, determinan el tamaño del lote, lo venden o al necesitado se lo fían a unos intereses del 20% mensual, le financian los materiales para la construcción del su hogar, fían los materiales y venden el servicio de la construcción”, denunció por ejemplo el concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez.
“En Moravia nosotros hemos podido determinar que aproximadamente existen 1.200 familias, que están ocupando inmuebles alquilados a organizaciones criminales, por entre $450.000 y $600.000 mensuales, en un sector tan difícil y que es una bomba de tiempo”, añadió por su parte la concejala Claudia Carrasquilla.
De los cinco puntos más críticos, durante los últimos meses la situación se ha vuelto especialmente sensible, principalmente en sectores como El Faro y el morro de Moravia.
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En el primero, cabe recordar, volvieron a despertarse tensiones entre la Fuerza Pública y los pobladores por cuenta de un operativo de desalojo que se desplegó durante la mañana del pasado miércoles 14 de febrero, en el que se denunció exceso de fuerza policial luego de que una mujer fuera empujada cuesta abajo por un uniformado.
Por el lado de Moravia, la situación también se muestra compleja, ya que tras tres años de loteos ilegales, el morro, que aún contiene residuos sólidos del basurero que fue clausurado en 1984, volvió a poblarse pese a su alto riesgo.
En medio de este panorama, el nuevo secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, señaló que desde la Alcaldía no solo se estaría analizando cómo hacer más eficientes los controles a las nuevas construcciones que se levanten en los puntos más críticos, sino en mejorar la oferta de vivienda.
Precisamente a raíz de este último punto, desde el Concejo se hizo un llamado al Distrito para destrabar las decenas de planes parciales que la ciudad tiene contemplados en su planeación, para que con ellos se supla el déficit de vivienda.
