Según se lee en el documento, el caso habría partido de un acuerdo que el exparlamentario habría armado con la exconcejala liberal de Medellín, Aura Marleny Arcila Giraldo, por esos días compañera sentimental del exrector de la universidad Néstor de Jesús Vargas Hincapié.
De acuerdo con el ente, dicho acuerdo habría consistido en que, valiéndose de su caudal electoral en Medellín, Bedoya habría acordado con Arcila apoyar su campaña para reelegirse en el Concejo de Medellín a cambio de obtener un trato preferencial para graduarse en la Universidad de Medellín, en donde había dejado suspendidos sus estudios desde 2009.
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El primer paso en medio de ese camino, según el ente, se produjo el 8 de octubre de 2018, cuando Bedoya presentó formalmente su solicitud para reingresar a la universidad.
En un acelerado trámite, la Universidad emitió una respuesta el 17 de octubre de 2018, en la que admitió la solicitud de reingreso de Bedoya.
Con aquella luz verde, el exsenador comenzó una carrera de exámenes para aprobar sus materias y cursos pendientes.
En una detallada tabla, la Fiscalía documentó cómo por ejemplo Bedoya presentó en un mismo día varios exámenes de un alto nivel de complejidad, así: el 26 de octubre: suficiencia procesal general y especial, suficiencia sociología jurídica, seminario procesal administrativo y filosofía del derecho; el 23 de noviembre, preparatorio político, preparatorio penal, preparatorio civil II, suficiencia responsabilidad civil extracontractual, suficiencia legislación de paz, suficiencia contratación estatal, suficiencia hacienda pública; el 22 de enero, preparatorio civil 1, suficiencia sucesiones, sucesiones derecho de familia, sucesiones títulos valores; y el 1° de febrero de 2019: preparatorio laboral y especial seminario procesal laboral.
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Además de esos exámenes, la entidad señaló que en el expediente también consta que el político habría cursado la cátedra de consultorio jurídico II en el primer semestre de 2018, el 31 de enero fue certificado por un profesor identificado como Jhon Mario Ferrer Murillo para su trabajo de grado y, luego, el 1° de marzo de 2019 obtuvo su título de abogado, mediante el acta 17538.
Junto a las sospechas por tantos exámenes tan complejos presentados en un mismo día, la Fiscalía sostuvo que al revisar todos esos documentos habría detectado otras irregularidades.
“(...) existió una alteración en varios de los trámites y soportes que sirvieron como sustento para la acreditación y cumplimiento de los requisitos para acceder al título de abogado, puntualmente, lo referido a los documentos de reingreso, los de presentación y aprobación de los exámenes de suficiencia, exámenes especiales y preparatorios; acreditación de un segundo idioma, trabajo de investigación y finalmente la acreditación en el cumplimiento del requisito de consultorio jurídico”, escribió el ente.
Por el lado del reingreso, la Fiscalía apuntó que las fechas no cuadrarían, ya que mientras Bedoya entregó oficialmente su solicitud el 8 de octubre, en los documentos aparece que el consejo académico de la universidad ya lo habría autorizado desde septiembre.
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De igual forma, el órgano apuntó que el permiso para entrar habría debido emitirse desde el Consejo de Facultad y no desde el Consejo Superior.
Asimismo, regresando a los exámenes, la Fiscalía señaló con nombre propio a docentes que supuestamente habrían aprobado dichas pruebas sin siquiera impartir las materias en cuestión, como el caso de un profesor identificado como Juan Felipe Hernández, quien presuntamente le aprobó a Bedoya sus exámenes en áreas como “filosofía del derecho, procesal civil general y especial, seminario de procesal administrativo y sociología jurídica”.
Pero el trato preferencial no se reduciría ese componente. En su escrito, la Fiscalía también sostuvo que directivas como la exsecretaria académica Yolanda Cossio Rincón habría ayudado a que dichas pruebas se programaran acomodándose a la agenda del parlamentario, cuando el resto de estudiantes tiene que someterse a los tiempos de la universidad.
En esa contrarreloj, la Fiscalía incluso sostuvo que Bedoya habría aprobado cursos que exigían prerrequisitos con los que aún no cumplía, como fue el caso de un seminario de derecho procesal administrativo, en los que era necesario ya haber aprobado cursos en derecho procesal civil general y especial.
“Esta afirmación encuentra asidero en el hecho de que el 26 de octubre de 2018, se permitió el pago para la presentación de estas dos asignaturas de manera casi que inmediata, con tan solo tres minutos de diferencia sin que existiera el resultado de la aprobación o no de la asignatura prerrequisitoria, la cual solamente una vez aprobada, podría dar cabida a la presentación de la segunda”, añadió el ente.
