La Secretaría de Infraestructura de Medellín tiene sus ojos puestos en los trabajos de ampliación de Carabobo Norte, uno de los contratos viales más jugosos entregados durante el cuatrienio pasado y que hace parte de un polémico paquete de obras que fueron entregadas a dedo.
Pese a ser una intervención en la que ya se han comprometido más de $43.768 millones de las arcas de Medellín, las certezas sobre la ejecución del proyecto y los líos que han impedido que el mismo se concluya tras más de dos años de trabajos aún permanecen engavetadas en los archivos de la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín).
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No obstante, según advierte el secretario de Infraestructura, Jaime Andrés Naranjo Medina, el proyecto ha llamado la atención de esa dependencia por tener adiciones que han superado con creces su valor inicial, que en 2021 fue fijado en $8.935 millones.
“El proyecto fue dividido en cuatro tramos, que si se ponderan arrojan un avance general del 43%, después de casi dos años de haber iniciado, algo que es preocupante. Bajo esa alerta estamos revisando cómo fue el proceso de contratación, quiénes son los contratistas, cómo están las cuadrillas, cómo está el tema de las inversiones y los pagos que se hayan hecho”, señaló el secretario.
Sin pasar por licitaciones
Las dudas que han rodeado el contrato para la ampliación de Carabobo Norte se remontan a octubre de 2021, cuando dichos trabajos hicieron parte de un paquete de contratos que generaron controversia por haberse estructurado bajo el modelo de invitación privada sin importar su envergadura.
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En aquel mes, tal como lo contó este diario, la EDU decidió modificar su manual de contratación y dentro de las novedades más importantes decidió elevar el tope máximo permitido para los procesos realizados bajo la figura de invitación privada, que pasó de $454 millones a $9.085 millones.
Esta modificación quedó en firme luego de que se expidiera una resolución de la junta directiva de la EDU, que entonces era presidida por el exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo Taborda.
Al ser entregada por invitación privada, acceder a los detalles del contrato es una tarea casi imposible, dado que el mismo ni siquiera fue publicado en el Secop (sistema nacional de contratación pública). El único documento público consiste en una carta de aceptación de postura cargada a los sistemas de la Contraloría de Medellín, en el que sólo aparece el valor inicial del contrato, algunos certificados de disponibilidad presupuestal y el plazo que inicialmente estaba estipulado, entonces fijado en 240 días contados desde la firma del acta de inicio (que se efectuó el 25 de octubre de 2021).
Casi dos años después la obra volvió a aparecer en el Concejo de Medellín, cuando el entonces concejal Alfredo Ramos realizó un debate de control político en el que denunció cómo la EDU se había aprovechado de esos cambios en su manual de contratación para concentrar obras en un reducido número de empresas.
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De acuerdo con los datos publicados entonces por Ramos, un paquete de por ejemplo 35 contratos avaluados en $114.549 millones habría terminado quedando en manos de 12 empresas.
En un ranquin de los contratos más gruesos, la intervención de Carabobo Norte ocupó el primer lugar.
“Durante el empalme se revisaron las inversiones y estas ya van por el orden de los $30.000 millones. El avance físico nos dice que va en el 43%, pero cuando vemos el dinero que se tiene para terminar nos genera preocupación”, añadió.
Para conocer su versión frente al tema, EL COLOMBIANO estableció contacto con la empresa Megaproyecto Vial Silgo XXI, desde donde se señaló que no se emitirían declaraciones públicas argumentando que la única autorizada para hacerlo sería la EDU.
Entre tanto desde la Secretaría de Infraestructura, que además de la supervisión del proyecto tiene asiento en la junta directiva de la EDU, se señaló que estas y otras intervenciones harán parte de los temas que se abordarán en las sesiones de ese órgano corporativo.
