Una operación de las autoridades españolas permitió la desarticulación de una organización criminal dedicada a la explotación sexual en Madrid, Málaga y Toledo de mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente de origen colombiano y venezolano.
Según el reporte de la Policía de España, “cerca de 600 víctimas habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con las que contaba la red criminal y que actualmente se encuentran clausurados”.
La organización operaba atrayendo a las víctimas a través de empresas en el país de origen con falsas promesas de trabajo y altos ingresos (5.000 euros a la semana).
Sin embargo, una vez en España, las mujeres eran sometidas a estrictas reglas, trabajando las 24 horas del día, bajo constante vigilancia y amenazas, obligadas a contraer deudas de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización.
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Las víctimas tenían prohibido engordar y sino cumplían con estrictos estándares de belleza, tenían sanciones económicas de hasta 40 euros. Además, las mujeres debían firmar contratos cediendo sus derechos de imagen, lo que permitía a la organización publicar sus fotos en portales web de contenido para adultos.
Según detalló la policía, las mujeres vivían en condiciones insalubres, hacinadas en habitaciones pequeñas y mal ventiladas, generalmente en los sótanos de las casas, pero constantemente vigiladas “gracias a las múltiples cámaras de videovigilancia que se encontraban distribuidas por todas las estancias, incluso en las habitaciones donde atendían a los clientes” asegurando que las mujeres estuvieran bajo un control absoluto.
“Estas condiciones contrastaban con la parte de la casa destinada al ejercicio de la prostitución, de la cual se cuidaba todo lujo de detalles”, señalaron las autoridades.
La investigación reveló que las víctimas también debían ofrecer diversas sustancias estupefacientes a los clientes, incluyendo cocaína, tusi y cristal, además de medicamentos para la disfunción eréctil.