Un grupo de abogados y periodistas presentó este lunes una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y su exdirector Mike Pompeo por espiar sus conversaciones con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
La demanda se presentó en el Distrito Sur de Nueva York y alega que Pompeo (que dirigió la CIA entre 2017 y 2018), antes de ser nombrado secretario de Estado por Donald Trump supervisó y dirigió “una campaña extraordinaria de espionaje ilegal a los abogados de Assange y otras personas dentro de la embajada”, según apuntaron los denunciantes en un comunicado.
“Demandamos en nombre de varias personas que fueron a la embajada ecuatoriana para visitar a Julian Assange y, sin que ellos lo supieran, todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones fueron grabadas por una empresa bajo la dirección de Mike Pompeo”, aseguró en una conferencia de prensa posterior Richard Roth, abogado a cargo de la denuncia.
Julian Assange estuvo de refugiado en la embajada de Ecuador en Londres al tener al gobierno estadounidense buscándolo por publicar información delicada de las tropas de ese país. Durante el asilo fue donde se produjeron las presuntas escuchas, en las que estuvo involucrada una empresa española, Undercover Global, responsable de la seguridad privada de la embajada. La empresa y su propietario, David Morales, aparecen también como demandados.
Como insistió el abogado Roth, la Constitución de los Estados Unidos “protege a los ciudadanos estadounidenses de la extralimitación del gobierno, incluso cuando las actividades se llevan a cabo en una embajada extranjera en un país extranjero”.
Según explicó este lunes Deborah Kerbeck, una de las demandantes, ella acudió varias veces a la embajada “para discutir asuntos legales delicados”. Ella informa que a la llegada para visitar al periodista australiano había un protocolo estricto para su protección. Los guardias de seguridad le pidieron en el vestíbulo su pasaporte, teléfono, celular, cámaras, computadoras portátiles, dispositivos de grabación y otros equipos electrónicos.
Con ese “protocolo de seguridad” lo que se descubrió en una investigación desarrollada en España liderada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es que en ese instante, en el que supuestamente los librabran de dispositivos por su seguridad, lo que realmente hacían era desarmar los teléfonos de los visitantes, quitar las tarjetas SIM y descargar datos personales de los equipos electrónicos. Por este hecho, incluso se le ha pedido a las autoridades estadounidenses interrogar como testigo a Mike Pompeo, el exdirector de la CIA.
Entre los demandantes se encuentran la reconocida activista de derechos civiles y abogada de derechos humanos Margaret Ratner Kunstler y los periodistas de seguridad nacional Charles Glass y John Goetz.
La denuncia interpuesta tiene la motivación de “proteger su derecho constitucional fundamental a estar libres de registros e incautaciones irrazonables”, algo que marca “la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, recordaron los denunciantes en el comunicado.
Además, añadieron que los funcionarios de la administración Trump llevaron a cabo una campaña sin precedentes contra WikiLeaks a partir de 2017. Incluso, se dice que algunos altos funcionarios de la CIA y la administración del expresidente Donald Trump , discutieron el asesinato de Assange, llegando a solicitar opciones para su ejecución.
En la rueda de prensa estuvo presente Nathan Fuller, del comité de Defensa de Assange, quien explicó que aunque están “luchando contra esa extradición”, se está “construyendo”, al mismo tiempo “una red de apoyo en caso de que finalmente sea extraditado”.
“Queremos educar al público sobre los peligros que la acusación representa para todos nuestros derechos básicos, para nuestros periodistas, para el derecho a publicar algo de interés público y para nuestro propio derecho a saber lo que nuestros gobiernos están haciendo en nuestro nombre”, añadió Fuller.
