La situación diplomática entre Venezuela y España se complicó aún más tras la detención de dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, acusados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de ser “terroristas” y de estar vinculados con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.
Estas acusaciones, lanzadas durante una emisión de su programa de televisión, han sido desmentidas de forma contundente por el Gobierno español.
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Desde su detención el 17 de agosto, las familias de Basoa y Martínez denunciaron su desaparición hasta que se confirmaron las circunstancias de su arresto.
A pesar de que ambos entraron a Venezuela como turistas, el Gobierno venezolano no presenta pruebas concretas que sustenten sus acusaciones, lo que ha llevado a un aumento de las tensiones diplomáticas entre Madrid y Caracas.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó la detención de los ciudadanos vascos y aseguró que su gobierno ejercerá la “protección diplomática y consular” necesaria para garantizar su regreso a casa.
Albares explicó que recibió la confirmación oficial sobre los cargos en su contra, aunque recalcó que Venezuela evitó proporcionar detalles específicos, argumentando que la intimidad del caso también debe ser respetada.
A pesar de la falta de evidencias por parte del gobierno venezolano, Maduro ha insistido en su narrativa de que Basoa y Martínez son “agentes encubiertos” de una operación para desestabilizar su gobierno. Esta retórica busca, según analistas, desviar la atención de las crecientes crisis internas que enfrenta su administración, incluyendo problemas económicos y sociales.
El ministro Albares subrayó que no existe conexión alguna entre los detenidos y el CNI, afirmando que son ciudadanos españoles que simplemente estaban de turismo. “No tienen nada que ver con ningún organismo público español”, reiteró.
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Albares también se refirió a su experiencia previa con situaciones similares, recordando casos de ciudadanos españoles que han enfrentado detenciones injustas en otros países, como el caso de la cooperante Juana Ruiz en Israel y los detenidos en Irán. En todos estos casos, afirmó, la intervención diplomática resultó en una resolución favorable.
La acusación sin pruebas por parte del régimen de Maduro podría ser vista como un intento de manipular la opinión pública y de influir en la percepción internacional sobre su gobierno. Sin embargo, es necesario recordar que las relaciones se han deteriorado en mayor medida desde que España alberga a Edmundo González como asilado político.
A medida que el Gobierno español se esfuerza por asegurar la liberación de Basoa y Martínez, el desenlace de este conflicto podría tener repercusiones más amplias en la política exterior de España hacia Caracas.
