Sobre Venezuela convergen dos relatos en la Corte Penal Internacional (CPI), el máximo tribunal de justicia del mundo. El primero es el de las denuncias sobre las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que habrían sido cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. El segundo, uno que el fiscal de ese país, Tarek William Saab, puso en la agenda: denunciar a Estados Unidos por las sanciones que la Casa Blanca ha interpuesto contra su nación.
La CPI tiene en marcha dos exámenes preliminares de la situación del país. Uno de estos pretende determinar si abre un proceso judicial formal contra el gobierno por los abusos que se presentaron durante las manifestaciones de 2017, eventos sobre los que hubo denuncias de represión, detenciones arbitrarias, posibles torturas y otros hechos que podrían convertirse en conductas punibles.
Lo que revisa la Corte es si los cuerpos de seguridad del Estado, bajo la anuencia de la administración de Nicolás Maduro, habrían actuado de manera indebida contra la población civil, hechos que ya han sido constatados por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Misión Internacional Independiente de la ONU y la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
El profesor del departamento de Relaciones Internacionales Universidad Javeriana, Andrés Valdevieso, explica que el examen preliminar es una investigación en la que hace una evaluación previa de las pruebas documentales y testimoniales de los hechos que son materia de análisis para determinar si hay fundamentos razonables para comenzar el proceso.
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Luego, si se abre una pesquisa formal, la Sala de Cuestiones Preliminares verifica si es necesaria la orden de detención o de comparecencia. El máximo tribunal internacional planea publicar a finales de este año un informe sobre esos dos exámenes preliminares, que podría definir el futuro de esos litigios.
Así va el caso Venezuela
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda ya adelantó que su delegación determinó que sí existe “fundamento razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de competencia de la Corte”, afirmación que abriría camino a que se dé un procedimiento oficial contra quienes integran la administración de Maduro, presuntos responsables de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Este asunto ha sido un tema recurrente en el discurso de mandatarios latinoamericanos como el presidente Iván Duque y la misma oposición venezolana, que piden llevar al presidente ante la justicia. De igual forma, el Grupo de Lima, integrado por un conjunto de naciones que desconocen ese gobierno chavista, están pidiendo el inicio de un proceso formal en la Corte contra el régimen de Maduro.
Como lo explica el director del programa de Derecho de la Universidad de la Sabana, Andrés Felipe López, “esto se muestra como una estrategia política de presión para mostrar que hay una clase de acción que se podría aplicar en el caso de Maduro. Sin embargo, el proceso es largo y la Corte se cuida mucho antes de definir si sí tiene competencia”.
Presuntos responsables
Los organismos del Estado venezolano ya están al tanto de ese proceso. El fiscal general Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz se reunieron con la Bensouda el 5 de noviembre en La Haya, encuentro en el que fueron notificados de las pesquisas preliminares que se llevan a cabo en el tribunal internacional. Ese mismo día, Saab reiteró a la fiscal su solicitud de considerar también las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos, lo que corresponde al segundo examen preliminar de esa instancia.
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Saab, un líder de corte chavista señalado por la Casa Blanca de pertenecer al Cartel de los Soles, una organización narcotraficante integrada por políticos venezolanos, se defendió diciendo que “en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los Derechos Humanos se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley”.
Esta semana, después de arribar a Venezuela tras su encuentro en La Haya, el fiscal de origen libanés aseguró que “la Corte Penal Internacional no sustituye al sistema de justicia de Venezuela”. Realmente, la CPI es una instancia internacional de último recurso regida por el Estatuto de Roma y que sigue el principio de complementariedad.
La Corte juzga a individuos, no a gobiernos, lo que abre la posibilidad de que la cúpula del poder del país sea juzgada por esta. Esta ha sido la encargada de investigar crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión. El máximo tribunal ha cursado procesos sobre estas conductas en Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán) y la República Centroafricana, entre otros.
No obstante, el profesor Valdevieso enfatiza que el proceso no se puede entender solo desde el Estatuto de Roma porque “entra en el juego geopolítico global. La posibilidad de que una sanción se lleve a cabo debe contar con gran apoyo político internacional”. Por eso, si bien la puerta está abierta para que los oficialistas venezolanos sean juzgados, el caso aún tendría un largo camino por recorrer.
