El sistema penitenciario de El Salvador se ha tomado como “ejemplo” de una política criminal exitosa en un país en vía de desarrollo. Al mando de Nayib Bukele se han capturado a decenas de miembros de bandas criminales que han azotado a ese país y la región. Las imágenes de las cárceles en ese país son impactantes por el trato a los criminales y el nivel de infraestructura.
Sin embargo, ha habido múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos a pesar de la popularidad de esa política que ha reducido los índices de criminalidad. Este lunes, se conoció una extensa y robusta investigación periodística de El Faro, un medio salvadoreño que se ha caracterizado por la calidad de sus reportajes, en el que denuncian una presunta red de corrupción en las cárceles de ese país.
En El Salvador opera un régimen de excepción y por eso las visitas a las cárceles, en teoría, no están permitidas. Sin embargo, ha surgido un esquema de corrupción que involucra a abogados y custodios de los penales que denuncia ese medio de comunicación. En los casos documentados, la red enquistada en ese sistema penitenciario cobra por visitas que no están permitidas, cartas enviadas o llamadas.
¿Cómo opera la corrupción en las cárceles de El Salvador?
Según El Faro, los casos describen una red que funciona mediante intermediarios, ya sean abogados particulares o exreos que tienen contacto con custodios que permiten el acercamiento con autoridades penitenciarias de mayor rango, para luego hacer posibles las visitas, el intercambio de información desde las prisiones.
El reportaje describe cuatro casos de corrupción carcelaria documentados gracias a información proporcionada por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), una organización que asesora a víctimas de violaciones a derechos humanos y que en sus archivos tiene evidencias de “donaciones” al Centro Penal Occidental, conocido como Cutumay Camones, en Santa Ana, a cambio de visitas.
Además, en otros casos, las víctimas reciben un número de teléfono de un intermediario que trabaja en las tiendas que venden paquetes en los alrededores de los centros penales o por medio de familiares de otros detenidos.
Cuatro casos de corrupción carcelaria fueron documentados gracias a información proporcionada por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), una organización que asesora a víctimas de violaciones a derechos humanos y que en sus archivos tiene evidencias de “donaciones” al Centro Penal Occidental, conocido como Cutumay Camones, en Santa Ana, a cambio de visitas.
“La red se aprovecha de la desesperación de familiares que no tienen otra vía legal para visitar a sus parientes. En algunos casos, antes de visitarlos, ni siquiera sabían si estaban vivos o si recibían los paquetes que les enviaban desde afuera. Es tan clandestino lo que ocurre en las cárceles del régimen, que no hay información pública sobre nada”, dice el reportaje.
Desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 3.000 niños y adolescentes han sido arrestados, muchos de ellos sin pruebas claras que los vinculen con pandillas o delitos, según Human Rights Watch. En algunos casos, las detenciones se han basado en denuncias anónimas o en la apariencia física de los menores.
La organización también ha documentado que, hasta febrero de 2024, al menos 1.065 menores habían sido condenados bajo el régimen de excepción, en muchos casos por el delito de “agrupaciones ilícitas”, considerado excesivamente amplio. Policías entrevistados por HRW señalaron que las autoridades los presionaban para cumplir con cuotas diarias de detenciones.
La comunidad internacional observa con preocupación la evolución del sistema penitenciario en El Salvador y el impacto que estas medidas pueden tener en, por ejemplo, derechos de la niñez y la adolescencia, pero también de los derechos humanos de todas las personas recluidas.
