Constituyente de 1999

La nueva Constitución fue la principal promesa de campaña de Hugo Chávez para romper con el ordenamiento jurídico vigente desde 1961 y promover las reformas sociales que había prometido. A su juicio, era un texto obsoleto que había acentuado la burocracia de los gobiernos entre 1958 y 1999.

En ese momento encabezada por los partidos tradicionales del Pacto de Punto Fijo, Acción Democrática y Copei, consideraba que la constituyente promovida por Chávez era un cambio institucional que ponía en riesgo los partidos políticos y, por tanto, coartaba la participación, además de dar un poder excesivo al presidente.

La constitución de 1999 amplió los derechos de los venezolanos y llevó al país a un Estado de Derecho mucho más efectivo que el que había existido con un aumento, por ejemplo, de las garantías de las comunidades indígenas. No obstante, la Carta también transformó la estructura del Estado, pasando a una lógica de 5 poderes, que sumaron el Ciudadano y Electoral a los tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Golpe de Estado de 2002

Según el oficialismo, lo que se dio el 12 de abril fue un golpe de Estado promovido por la oposición y auspiciado por los medios de comunicación, que buscó retirar a Hugo Chávez del poder, poniendo en su lugar a Pedro Carmona Estanga y violando la Constitución de 1999.

Para la oposición, los hechos del 12 de abril de 2002 son responsabilidad de Chávez, quien en noviembre de 2001 había decretado 49 leyes amparado en una ley habilitante, lo que ocasionó manifestaciones populares y una huelga general en la que se dio, no un intento de golpe, sino una situación de confusión.

El golpe, aunque con apoyo de algunos de los partidos de oposición, se concretó por la influencia de los gremios, en particular Fedecámaras y la Central de Trabajadores de Venezuela. Fue una movida no democrática que terminó siendo reversada por la decisión de Carmona de desmontar las Cortes y el Consejo Nacional Electoral, la cual fue la justificación de las Fuerzas Armadas para retornar a Chávez al poder.

Referendo 2007

El presidente Hugo Chávez buscó reformar 69 de los 350 artículos de la Constitución de 1999 para permitir, entre otras cosas, la reelección presidencial indefinida y consolidar su proyecto revolucionario. Refrendado, según él, en las urnas en 2006 cuando fue reelecto como presidente por tercera vez.

Los antichavistas consideraron antidemocrático el referendo promovido por Chávez. Además, argumentaron que los cambios, como convertir a Venezuela en un Estado socialista, iban más allá de las competencias de un referendo y requerían una nueva constituyente.

La oposición obtuvo su primera victoria electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998. Logró sobreponerse a la derrota en las elecciones de 2006 gracias a la participación de los estudiantes, una renovación de líderes que no hacían parte de los partidos tradicionales e hicieron énfasis en un discurso democrático.

Posesión de Chávez en 2013

Durante los primeros meses de 2013, el oficialismo defendió que la imposibilidad de Chávez para jurar para un cuarto mandato, debido a su tratamiento contra el cáncer, era temporal. Además, apoyado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, logró que él pudiera posesionarse en ausencia.

La oposición se abstuvo de reconocer el gobierno de Hugo Chávez, quien por su enfermedad no estuvo en condiciones para asistir a su propia posesión el 10 de enero de 2013.

La muerte de Hugo Chávez fue confirmada por quien sería su sucesor, Nicolás Maduro, y según el parte médico se dio a las 4:25 de la tarde del 5 de marzo de 2013. No obstante, aún hay quienes afirman que Chávez murió antes de esa fecha. Entre ellas, la exfiscal Luisa Ortega Díaz, la cual señala que este falleció desde diciembre de 2012.

Protestas 2014

Según el oficialismo, las marchas contra las medidas económicas promovidas por la oposición fueron una instigación a la violencia coordinada por el exalcalde de Chacao Leopoldo López, a quien detuvieron como responsable de las 43 muertes que dejaron las movilizaciones.

La oposición convocó a unas movilizaciones como rechazo a las medidas económicas del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, que para 2013 generaron una inflación del 56,2 % según el Banco Central de Venezuela . Además, denunciaron la respuesta represiva del Estado, asociado con lo que llamaron grupos paramilitares.

Las protestas de 2014 significaron el inicio de la represión política en Venezuela, pues a pesar de la polarización, durante los años anteriores del chavismo no se habían presentado enfrentamientos que dejaran tantas muertes. Además, demostraron la peligrosidad de los llamados “colectivos”, organizaciones comunitarias armadas afines al gobierno que datan desde la década de los 60 y resurgieron durante la presidencia de Hugo Chávez.

Retirar poderes de la Asamblea Nacional

Argumentando que la Asamblea Nacional, órgano legislativo de mayoría opositora, se encontraba en “desacato”, el Tribunal Supremo le retiró sus funciones. La Corte se otorgó a sí misma los poderes legislativos y la potestad de delegarlos, hasta la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que eligió el gobierno de Maduro.

Para la oposición, la decisión del Tribunal Supremo de retirar los poderes de la Asamblea Nacional constituye un golpe de Estado y viola la separación de poderes.

En este punto, puede decirse con certeza que dejó de haber una democracia en Venezuela. El llamado “autogolpe” a la Asamblea Nacional fue seguido por la declaración de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes más allá de la Constitución, la cual fue desconocida por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional.

Dos presidentes en Venezuela en 2019

Apoyado por el Tribunal Supremo, el oficialismo afirma que la Asamblea Nacional, órgano legislativo de mayoría opositora, pretende derogar la Constitución al declarar como “usurpador” a Nicolás Maduro y juramentar como mandatario encargado a Juan Guaidó.

La oposición sostiene que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo de Venezuela y que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 se dio en unos comicios fraudulentos. Por eso, juramenta al presidente del parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino para liderar la transición y convocar a una nueva jornada electoral.

El artículo 233 de la Constitución habilita al presidente de la Asamblea Nacional para asumir la presidencia encargada en caso de que el mandatario “abandone el cargo”. La Asamblea Nacional considera que el cargo está vacío porque las elecciones de mayo de 2018 fueron calificadas como ilegitimas por el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y la oposición. Por este motivo, permiten la juramentación de Guaidó como presidente interino, quien recibe el apoyo de gran parte de la comunidad internacional.